El PSE niega «trato de favor» en la contratación de la hija de Ana del Val

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio la razón el pasado enero a un aspirante con mejor nota y anuló su nombramiento como funcionaria interina en el puesto de técnico economista. La hija de Del Val lo ocupó por primera vez en 2018, «encadenando renovaciones hasta el día de hoy». Continúa, de hecho, en el mismo puesto porque el fallo judicial no es firme.

Las dos responsables del Ejecutivo dieron explicaciones en una comisión en la Cámara foral a petición de PP, Podemos y EH Bildu. Según relataron, Bomberos Forales de Álava, «organismo autónomo y con entidad jurídica propia» requirió hace cinco años cubrir un puesto, el de economista, para el que no disponía de bolsa de empleo. Se solicitó «como es habitual» una lista al Servicio de Recursos Humanos de la Dirección de Función Pública del Departamento que dirige González. Y está se entregó con los veinte nombres «disponibles».

La Oferta de Empleo Público de Economistas había sido convocada por la Administración General de la Diputación Foral de Álava en 2016. Las pruebas tuvieron lugar en 2017. El trabajador que reclama el puesto no figuraba en la relación enviada a Bomberos «porque el apelante estaba (por entonces) en situación de funcionario interino»; trabajando para la Administración. La hija de Del Val aparecía la cuarta. Y fue la que aceptó el puesto (inicialmente por cinco meses) tras sondear antes a los tres que le precedían. «La persona a la que se ha acusado de trato de favor era cuarta», reforzó González.

La lista en cuestión la firma un técnico foral «porque los políticos no intervienen para nada. Es un procedimiento ordinario». Así que «sobra» pedir la dimisión de la diputada de Cultura, Ana del Val, porque «no tiene acceso a ningún listado ni ha intervenido en ningún procedimiento». «El llamamiento se efectúa a quienes se encuentren en situación de disponible, siguiendo el orden de prelación». Ideas en las que incidió la teniente de diputado general tras la acusación del PP de haber entregado una relación de candidatos 'sesgada'.

«Insisto, procedimiento ordinario, habitual… Le doy ejemplos. Este año se han enviado listados de disponibles hasta en doce ocasiones a petición de otras administraciones. Y la Diputación ha realizado 21 nombramientos en base a listas de las mismas características que ha recibido» de otras entidades.

Tanto desde Elkarrekin Podemos como desde EH Bildu se reprochó «falta de autocrítica» a las comparecientes, aunque no se acusó «de nada a nadie». Sí se preguntó si la Administración recurrirá la sentencia y si se indemnizará y readmitirá al demandante. Respecto a lo primero la jeltzale Irma Basterra –presidenta del Organismo Autónomo de los Bomberos– planteó que los servicios jurídicos están explorando la posibilidad «de presentar recurso de casación».

Porque antes del fallo del TSJPV al denunciante no se le admitió «un recurso de alzada por falta de legitimación» (no figuraba en la mencionada lista) y posteriormente, en el recurso que presentó al Contencioso administrativo, se dio la razón a la Diputación. «Se dan dos sentencias contradictorias. Cuanto menos es controvertida y lo más importante es que no hay una sentencia firme aún», remarcó.

La juntera del PP, Ana Salazar, reprochó afeó que el diputado general de Álava, Ramiro González, no acudiese personalmente a dar explicaciones. Al terminar la comisión, Cristina González solicitó a la presidencia la «transcripción o los vídeos certificados de todas las intervenciones del PP», deslizando la posibilidad de que se emprendan acciones legales por difamación.