Gurtubai niega haber ocultado información en el caso de los abusos sexuales en la perrera de Vitoria

El teniente de alcalde Iñaki Gurtubai, mano derecha del alcalde, declaró ayer, miércoles, como investigado por un posible delito de prevaricación en el Juzgado de Instrucción número 3. Esta citación se enmarca del escandalo de abusos sexuales denunciado en la perrera municipal. La asociación animalista Apasos señala que este edil calló «durante mes y medio» los episodios protagonizados por un empleado municipal contra varias voluntarias de ese colectivo.

Gurtubai se negó a responder a las preguntas de la acusación particular, ejercida por Apasos. Sí contó, según ha sabido este periódico que se enteró del caso «porque me lo comentó la concejal Livia López» responsable politica de la perrera. También que, siempre desde su prisma, colaboró en todo momento por esclarecer este incidente ocurrido en instalaciones municipales. Primero a nivel interno en el Ayuntamiento y, finalmente, acudiendo a la Justicia ordinaria.

Este testimonio choca la versión de la protectora, que ha presentado en el juzgado los emails sobre este asunto enviados a Gurtubai el 20 de mayo del año pasado. La denuncia a Fiscalía del Gabinete Urtaran se produjo el 6 de julio, 24 horas después de que este periódico destapara públicamente el caso. Antes, el Ayuntamiento retiró de la perrera al señalado y le trasladó a la comisaría de Aguirrelanda, para que ejerciera labores de mantenimiento.

A partir de ahí, el único sospechoso de los abusos llegó a entrar en prisión preventiva por agredir sexualmente a su expareja. De manera paralela, Apasos y el Gabinete Urtaran empezaron a cruzar reproches. Esta tensión se tradujo en varias denuncias cruzadas. Entre ellas, la presentada contra Gurtubai. El último movimiento ha correspondido al equipo de gobierno local. Recientemente canceló la subvención a la protectora, cortando así 17 años de colaboración.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción 4, que investiga los abusos, ha requerido por cuarta vez al Ayuntamiento el «expediente administrativo íntegro» bajo de apercibimiento de abrir procedimiento «por desobediencia a la autoridad judicial».

Hasta la fecha, según deslizan fuentes internas del Palacio de Justicia, esta sala ha requerido hasta en cuatro ocasiones diferentes al Gabinete Urtaran toda la información de la que disponen sobre este incidente. Al parecer, esta sala únicamente ha recibido piezas sueltas del informe municipal elaborado a raíz de la denuncia de Apasos y de sus voluntarias.

A requerimiento de este periódico, el Gabinete Urtaran eludió ayer realizar declaraciones o valoraciones sobre la declaración judicial del teniente de alcalde.