Garoña retomará en verano la fase crítica de su desmantelamiento tras un año de parón

Enresa ha completado hasta el momento el llenado de cinco de las 49 enormes cápsulas de unos restos a los que se atribuye un 99% de radioactividad. Estructuras herméticamente selladas que tienen una durabilidad de sesenta años.

La empresa pública estatal que acomete el desmantelamiento prevé seguir con la evacuación del combustible en verano. Lo previsible es que no pueda completar el proceso en 2027, como estaba previsto inicialmente. Pero tampoco se descarta. Los próximos meses van a ser especialmente intensos. Llegarán nuevas vasijas y se espera también el plácet del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a una intervención complementaria clave: la ampliación del espacio de almacenaje, que además de los 49 contenedores de alta radioactividad sumará otros seis más con otro tipo de residuos especiales.

Enresa confirma que el contenedor número 6 será suministrado por Ensa, la empresa fabricante, a finales de este mes y que los siguientes irán llegando de forma ininterrumpida cada tres semanas hasta mediados del próximo año, cuando se hará una pausa para realizar una serie de reparaciones complementarias. Cada uno de los contenedores requiere de más de dos semanas de trabajo continuo, entre llenado, traslado y emplazamiento.

Además, para afianzar todavía más su blindaje, también se han recibido ya los dos primeros módulos que reforzarán el aislamiento del contenido radioactivo por el exterior. Se trata de unas estructuras formadas por cuatro anillos de hormigón y una tapa. Un embozado que conferirá «máxima seguridad» y que se aplicará a todas y cada una de las cápsulas. Cuatro nuevas unidades llegarán «en unos meses y, el resto, de forma progresiva», explican desde Enresa.

De la misma manera, la compañía vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico espera disponer «entre este mes y mayo» de la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para poder acometer la ampliación de la zona de almacenaje.

Hablamos de dos planchas de hormigón resistente a posibles movimientos sísmicos, situadas a la intemperie en el mismo recinto de la central. Es la estructura básica del llamado Almacén Temporal Individualizado (ATI), el cementerio nuclear que dará cabida a los residuos más peligrosos hasta 2073. Medio siglo, como poco. Porque no se moverán de allí hasta que se construya en algún punto de España -aún sin definir- el almacén geológico profundo; la red de galerías subterráneas (a más de medio kilómetro de profundidad) que deberían ser el destino final de los desechos nucleares.

El horizonte es tan lejano que el almacén temporal ATI tiene que adquirir un mayor rango de seguridad y autonomía. Y para ello, tal y como exige el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, es necesario levantar una especie de centro de vigilancia y control específico. Un edificio que se construirá en las inmediaciones, con un alto componente tecnológico, con medios para detectar posibles incidencias en cada uno de los contenedores y personal especializado para acometer reparaciones si fuera necesario. De este modo se evitarían traslados de enorme complejidad.

La cuestión es que, una vez se levante ese nuevo edificio, pasará a tener técnicamente la denominación de ATD (Almacén Temporal Descentralizado). Será ya un cementerio nuclear a todos los efectos, a la espera (se insiste) de la gran infraestructura llamada a centralizar los residuos nucleares del país. La construcción del nuevo edificio 'vigía' arrancaría a finales del próximo año y se prevé que esté operativo en 2028.

Aunque la actividad de vaciado del reactor se encuentra parada, hay otras labores que se están llevando a cabo en Garoña. Actualmente se está realizando la transformación del espacio que ocupa la turbina en el denominado edificio auxiliar de desmantelamiento, una nueva zona en la que se realizarán actividades de gestión de residuos radiactivos.

Además, están en marcha otra serie de actuaciones, como modificaciones eléctricas y mecánicas necesarias en el edificio de turbina, la adecuación de sistemas de ventilación, el acondicionamiento de zonas de almacenamiento de residuos y la expedición a El Cabril, el único almacén definitivo y centralizado de España de residuos radiactivos. Pero que sólo está preparado para los de bajo o muy baja peligrosidad.

El coste de todo este proceso, según la información aportada por Enresa, asciende a 475 millones de euros -incluyen obras de desmantelamiento, mantenimiento y operación de la planta y vigilancia-, a los que hay que añadir otros 180 millones más por la gestión del combustible gastado. A día de hoy, están trabajando en Garoña cerca de 300 personas.