Las basuras y algunos precios sociales condicionan el pacto fiscal en Vitoria

La pretensión de subir un 5,8% las basuras es precisamente una de las cuestiones que más ha llamado la atención de los grupos que están elaborando ahora las enmiendas a este proyecto de ordenanzas fiscales. El equipo de gobierno del PSE-PNV no se lo había trasladado durante los primeros contactos y se enteraron en la comisión de Hacienda en la que el concejal Jon Armentia presentó las principales novedades de su proyecto de ordenanzas fiscales. Argumentó que dentro de ese 5,8% se repercutiría a los ciudadanos lo que costará el cambio de contrata de basuras previsto para el último trimestre de 2026. Tras declararse desierto el primer concurso se sabe que el Ayuntamiento baraja pagar más de 35,5 millones al año durante una década a la empresa que quiera hacerse cargo de la gestión de los residuos urbanos de Vitoria. Y la cifra inicial ya era un 28% superior a lo que se abona hoy por ese servicio, así que los concejales de la oposición hacen cálculos y la subida planteada puede resultar muy corta para cubrir a la larga el coste total de ese servicio.

¿Hay que asumir que ese 5,8% es pan para hoy y hambre para mañana? Las basuras ya han experimentado incrementos de entre el 80% y el 120% este ejercicio para cumplir las leyes que obligan a los ayuntamientos a cobrar a los ciudadanos el coste real de gestionar y tratar los desechos y partidos como el PP, que califican este hito como «basurazo», creen que la ciudadanía no puede asumir otra escalada.

Otra cosa es que el escenario que se plantee sea el de prorrogar dos años el contrato de basuras, como ya ocurrió con FCC en la anterior legislatura. Eso permitiría a Maider Etxebarria llegar a las elecciones sin necesidad de plantear más subidas de esta tasa. Porque, a pesar de que quedan lejos los comicios locales, las relaciones entre los partidos están virando. Así, el PNV cada vez toma más distancia de EH Bildu y habrá que ver si en Vitoria eso se traduce en falta de acuerdo para las ordenanzas fiscales o los presupuestos. Esto es, en no compartir ninguna foto más con la formación soberanista.

Mientras tanto el equipo que lidera Rocío Vitero en el Ayuntamiento de Vitoria tiene ya lista su propuesta de cara a pactar, o no, las ordenanzas. La subida de las basuras les preocupa pero también otros cambios que han visto en el proyecto como la introducción de dos nuevos tramos de renta (los más elevados) a la hora de estipular lo que deben pagar los mayores por cada hora del servicio de ayuda a domicilio, por el reparto de comidas en sus hogares o por los centros de día. En el caso del SAD, el que es el contrato más caro del Ayuntamiento en estos momentos, las rentas altas (superiores a 2.240 euros al mes) se enfrentan a incrementos de más del 60%.

EH Bildu tiene sus cálculos y esas cifras ya están en manos del equipo de gobierno del PSE-PNV. Comienza una semana de negociaciones en las que las formaciones disponen de plazo hasta el jueves para presentar sus enmiendas. El portavoz del PP, Iñaki García Calvo, se descartó de la ecuación negociadora el mismo día de la presentación del proyecto de ordenanzas del PSE-PNV y anunció que presentará otro modelo tributario con menos presión. Y la portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, que no ve «cambios sustanciales» en el planteamiento para 2026, ha recordado que en la anterior ocasión no vio voluntad negociadora con su grupo.

Aparte de esa subida general del 2,7%, el Gabinete Etxebarria propone mejoras en tributos como el de bienes inmuebles o el de construcciones. Una de ellas tiene que ver con el recargo del 50% del IBI para las viviendas consideradas deshabitadas que propuso la coalición abertzale con la idea de incentivar su salida al mercado del alquiler. Debido a las quejas, el Gobierno local plantea ahora que los dueños de los pisos en los que no haya nadie empadronado, pero estén en uso podrán librarse de esa carga si justifican un consumo mínimo anual de electricidad o agua. El Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) incorpora una bonificación de hasta el 95% para proyectos que generen empleo por la puesta en marcha de nuevas empresas o ampliación, traslado o mejora de las existentes.