Orgía de 'bips' en el Ayuntamiento

Que tire la primera piedra, la segunda y la cantera completa quien no abandone la oficina durante unos minutos para despejarse con un café, comprar cien gramos de mortadela para la merienda del niño o acercarse al banco de turno a realizar una gestión urgente. Este escapismo laboral, inconcebible en otros países en donde, todo sea dicho, se han dotado de rutinas horarias más benignas y compatibles con otras actividades, ya sea visitar al médico, tocarse la barriga en el sofá de casa o ir a clase de tai-chi, forma parte de la idiosincrasia y del pernicioso desenfado de la cultura ibérica. Hasta el punto de que no separarse del puesto de trabajo para efectuar algún recadito puede considerarse una sospechosa excentricidad o una señal inequívoca de una identidad 'trepalari'.

El Ayuntamiento de Vitoria vive días revueltos a causa de la denuncia que un funcionario, en este caso de la Policía Municipal, ha efectuado de una compañera de plantilla, que no de departamento. Al parecer, la empleada pública fichó en el exiguo acceso a la Casa Consistorial por un grupo de compañeros con sus respectivos carnés -personales e intransferibles-, además de con alevosía, reincidencia e indisimulado desparpajo. Tanto es así que el agente de turno, testigo de la orgía de 'bips' que en varias ocasiones protagonizó la misma persona, sintió que la desfachatez se empezaba a salir del tiesto y decidió dejar de hacer la vista gorda para dar el parte. Una cosa es una cosa y, otra, el pito de un sereno.

La picaresca y la procacidad no son patrimonio del colectivo funcionarial, a veces injustamente vilipendiado por ocupar de forma vitalicia unos puestos que en su día se ganaron a golpe de oposición -nada se envidia más en este atrofiado país que una cadena perpetua laboral-, otras, parapetado en un victimismo mezquino. Aunque, eso sí, dada la procedencia de sus remuneraciones y dado el pavoroso percal del desempleo nacional, resulta más feo. Bastante más.

Sin embargo, la polémica ha quedado reducida a la mínima expresión desde que el sindicato mayoritario en la junta de personal del Ayuntamiento ha abierto la boca para restar importancia a la triquiñuela perpetrada por la osada funcionaria y criticar por "desproporcionado" la apertura de un expediente disciplinario. La central, que representa a cerca de 3.000 trabajadores públicos municipales -afines o no a su ideología política- y a la que sustentamos en parte, vía impuestos, todos los empleados, incluidos los privados, ve en el testigo policial y en el periódico que lo hizo público a dos chivatos maquiavélicos. Balones fuera. Al funcionariado municipal le han puesto un rejón. Y esta vez se lo ha clavado el ganadero.