La constructora Jaureguizar garantiza la ejecución de las VPO de Torresolo a través de su filial

Aunque Jaureguizar ha entrado en pre-concurso de acreedores, la constructora garantiza la ejecución del bloque de 108 VPO cooperativa que gestiona en el barrio de Torresolo, en Leioa, a través de su filial Jaurevisa, especializada en las cooperativas de pisos de protección oficial y que «funciona de forma independiente». Según explicaron ayer fuentes de la empresa, el proceso de construcción de los pisos sigue adelante pese a que la entidad dio a conocer su situación administrativa.

Según explicó un portavoz, el plan para iniciar la construcción de estos pisos de VPO arrancó con la subasta del terreno por parte del Ayuntamiento, a la que pujaron tres empresas. Jaurevisa se hizo con los derechos de construcción en la zona y comenzó con el proceso de captación de socios cooperativistas. El sorteo se celebró entre 495 vecinos. Ahora, los 108 cooperativistas ya han realizado las aportaciones iniciales a la 'caja común' de la cooperativa. «La promoción sigue adelante y de hecho, esperamos comprar en marzo el suelo al Ayuntamiento», añadió el mismo portavoz. Las arcas municipales ingresarán 3,3 millones de euros con cargo a los cooperativistas en concepto de venta del suelo.

Reunión de cooperativistas

Una vez se realice la transacción, la filial convocará a una reunión a los cooperativistas para concretar los siguientes pasos. Jaureguizar realizó estas aclaraciones después de que el grupo municipal de Bildu mostrara su preocupación por el futuro de esta promoción en la que participan más de cien vecinos de la localidad. El grupo municipal ha solicitado al equipo de Gobierno explique la situación del proyecto en la próxima Comisión de Urbanismo.

La coalición, en cualquier caso, se muestra contraria a la construcción de VPO mediante cooperativas porque «el riesgo de la operación recae en los propios vecinos, los cooperativistas», mientras que el «Consistorio hace caja con la venta de suelo público». A su juicio, ese solar debería destinarse a viviendas en alquiler social, una opción «menos rentable para el Ayuntamiento, pero más adecuada a las necesidades».