Los abogados de Bárcenas renuncian tras el cambio de estrategia de su cliente

«Divergencias profesionales» y «pérdida de confianza» fueron las razones que alegaron ayer los abogados de Luis Bárcenas para renunciar a su defensa, después de cuatro años de representación procesal en el 'caso Gürtel'. Se ponía así punto y final a una vinculación que, más allá de los argumentos expuestos por los letrados, se rompió por la estrategia de huida hacia adelante que parece haber adoptado el extesorero del PP tras su ingreso en prisión, por su decisión de 'tirar de la manta'.

Este cambio de estrategia de Bárcenas -una postura madurada con tiempo y sólo para el caso de que acabara entre rejas, como finalmente ha ocurrido- nunca fue apoyado por sus abogados Miguel Bajo y Alfonso Trallero. Así se lo hicieron saber al extesorero y exsenador por Cantabria a lo largo de las últimas semanas. Sobre todo, a partir de que la situación procesal de su cliente entrara en un callejón sin salida, al no poder justificar el origen lícito de la fortuna que había amasado en el extranjero.

Los prestigiosos letrados madrileños -Bajo y Trallero se distinguen por ser una referencia en derecho penal económico- llegaron a defender con uñas y dientes que «porque uno tenga 25, 30 ó 40 millones en Suiza no tienen porque ser de origen delictivo». Esta era la única defensa judicial posible, y creíble, para su patrocinado pese a los nubarrones negros que cada día crecían sobre él.

Así se entiende que Bárcenas asegurara en su primera declaración ante el instructor Pablo Ruz que su fortuna procedía de sus habilidades en la Bolsa, su cartera de valores y la compraventa de obras de arte. Después, el extesorero popular llegó a deslizar en una entrevista televisiva su «buena mano» con los negocios y más tarde, en su segunda declaración judicial, llegó a replicarle al juez Ruz que la pintora argentina que sacó a la luz su montaje de los cuadros «estaba loca».

Con estos precedentes, la estrategia de sus abogados estaba clara: negar la mayor sobre el supuesto origen ilícito del patrimonio de Luis Bárcenas. Pero cuando el pasado 27 de junio, tras declarar en la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción cambió de criterio y no se opuso a su ingreso en prisión, como pedía una acusación popular, la relación abogado-cliente comenzó a resquebrajarse.

Quizá porque Alfonso Trallero, la persona que daba la cara en público por Bárcenas, entendía que con éste en la cárcel cambiaba toda la estrategia de defensa, como les había advertido el extesorero. Y en sólo once días de prisión se han consumado las «divergencias profesionales» a las que hace referencia el bufete de abogados, el mismo que en su carta de presentación vende un servicio jurídico serio, honesto y con dedicación.

Reunión en Soto del Real

No es una causalidad que conociendo lo que iba a publicar el diario 'El Mundo' el pasado domingo -la conversación con Bárcenas en la que éste admitía la financiación ilegal del PP en los últimos 20 años-, Trallero y Bajo se presentasen el fin de semana en la cárcel de Soto del Real para comunicar a su cliente su decisión de renunciar a su defensa. También a la de su mujer, Rosalía Iglesias. Así se justificaba la «pérdida de confianza». No había marcha atrás. Y ayer los letrados comunicaron su resolución al juzgado.

Ahora, lo más inminente para el matrimonio es buscar un nuevo abogado, aunque ya suena algún nombre. El que fuera director general de la ONCE Miguel Durán y en la actualidad defensor de Pablo Crespo, uno de los cabecillas de 'Gürtel', se pasó ayer por la tarde por la cárcel madrileña. A su salida de la prisión, sin embargo, Duran se autodescartó y aseguró que el nuevo abogado de Bárcenas es un profesional «de gran solvencia» cuyo nombre se conocerá hoy.

Entretanto, el extesorero del PP podría volver a declarar ante el juez Ruz después de que las acusaciones populares en los 'papeles secretos' hayan anunciado que pedirán su citación y la de su mujer. Una decisión a la que no se opondrá la Fiscalía Anticorrupción, según confirmaron fuentes del órgano.

Asimismo, el fiscal Antonio Romeral deberá pronunciarse sobre las peticiones de declaración como testigos de los tres últimos secretarios generales del PP: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal.

La acusación popular de IU y la Asociación Libre de Abogados consideran que Bárcenas, el también extesorero Álvaro Lapuerta y «quizás» Arenas y Álvarez Cascos recibieron en mano fajos de billetes que no procedían de donantes.