¿Y ahora? ¿Pasa algo ahora?

Nadie tenía claro lo que podía suceder. La labor diaria de unos jueces que cumplen como mejor pueden con su trabajo -como nos pasa a todos- se ve arrinconada por el protagonismo de casos que adquieren enorme repercusión social. Sucedió con la instrucción que acabó sentando en el banquillo al lehendakari Ibarretxe y a responsables del PSE. Y ha sucedido con quien se empeñó en ver lo que no había en la actividad de los responsables del diario Egunkaria. Todo delito debe ser perseguido, todo delincuente debe acabar donde tiene que acabar, pero tiene que primar ante todo un poco de sentido común. Es lo que faltó con el lehendakari, es lo que ha faltado ahora y es, como me temo, lo que faltará con Garzón. No sé dónde miran algunos jueces, perdidos en el bosque de los artículos del código correspondiente, pero ajenos por completo a lo que sucede en la realidad, fuera de su cortijo.

Ésa es la versión suave de ver las cosas. Alguno añadiría que lo que late en el fondo de quien pone la firma son consideraciones ajenas por completo a lo que debe ser una estricta aplicación de las leyes: muchas veces desconocimiento absoluto (¿cómo se pueden basar pruebas en traducciones que llevan a conclusiones radicalmente opuestas a las que nos llevaría la lectura del original?); animadversiones personales (es mejor no poner ejemplos aquí, aunque todos los conocemos); ideologías políticas elevadas a la objetividad suma, defendidas en sentencias sin recato alguno y con el pudor de un payaso que actúa en el circo (nunca un magistrado nacionalista vasco, con idéntica normativa, habría sentado a un lehendakari con tamaña incertidumbre sobre la existencia de delito); firme convicción en la creencia de que una sentencia es el fruto de la aplicación casi matemática de axiomas que no admiten otra interpretación (aunque en la instancia siguiente se llegue, con argumentos defendidos con similar convicción, a la conclusión opuesta); o un cambio de cromos con doctrinas que salen bajo la toga dependiendo del personal sentado en el banquillo: Botín, Ibarretxe, Atutxa... Se podría parafrasear a Groucho Marx: '¿No le gustan mis sentencias? Tengo otras'.

Todo esto sucede, por desgracia, en nuestros tribunales. Seguramente la mayoría de los jueces están en otra onda, dictando calladas sentencias, pero estos casos son los que absorben el interés, por su enorme repercusión social y por sus consecuencias. Precisamente por eso, un juez debería mirar por encima de los folios, y husmear un poco qué es lo que pasa en la sociedad cuando le cae un caso así en las manos. Sobre todo, cuando se encuentra ante la incertidumbre. Falta de certeza no ante la culpabilidad o no de la persona acusada (todos los jueces se encuentran en esta situación), o la validez o no de las pruebas (es legítima y entendible la duda), sino incertidumbre ante la propia existencia del delito, que es algo previo a toda actuación. En ese caso es cuando hay que mirar por la ventana, y respirar un poco. El no hacerlo contribuye a enrarecer el aire del interior y transmite a los ciudadanos la impresión de que algunos togados actúan movidos por la arbitrariedad más absoluta. No es extraño así que el Supremo vea irrelevante que un juez asesore a un narcotraficante, por ejemplo.

Al igual que lo sucedido con el lehendakari, ha vuelto a pasar con Egunkaria: aquella instrucción, y el juicio correspondiente, llenó toneladas de páginas en nuestros medios, mientras que las informaciones sobre la absolución, en una sentencia de difícil digestión para el juez instructor previo y para todos quienes le habían apoyado tras perder una oportunidad histórica para, al menos, no abrir la boca, duraron apenas unas horas: 'Aquí paz y después gloria'. Nadie es responsable de ese desatino: sólo el sistema judicial que, como se sabe, es un ente exento de responsabilidades en la práctica. Sólo tiene competencias (siempre sin responsabilidad). Ahora viene el diario en euskera. Aunque la sentencia sea recurrible, alguien debería pensar sobre estas cosas y hacer algún esfuerzo para que estas majaderías no vuelvan a suceder. De modo que un instructor hace una chapuza (es la palabra más suave que se me ocurre), se admite la instrucción para su enjuiciamiento (otra chapuza), se encarcela a sus responsables, se cierra un periódico poniendo a sus empleados en la calle y privando a los lectores del único medio diario escrito y en euskera, y aquí no pasa nada.

Vuelve a no pasar nada, como no pasó nada con el cierre de 'Egin', perdido ya en la noche de los tiempos sin que sepamos dónde está. ¿Es eso admisible en un sistema que se dice democrático? ¿Es admisible que los directivos enjuiciados hayan sufrido su calvario particular para que al final se diga esto? ¿Nadie tiene responsabilidad en esos desatinos? Porque si nadie la tiene, en efecto, la Justicia española es de una arbitrariedad difícil de digerir. Los sistemas democráticos funcionan con un sistema 'inestable' de reparto de poderes, observado con mayor o menor escrupulosidad: tanto el legislativo como el ejecutivo están sometidos al judicial. Pero no sé, visto lo visto, y teniendo en cuenta lo que estamos por ver, con la Falange resucitando de entre los muertos, cuáles son los límites del judicial.