El PP denuncia que De Miguel compró suelo en un pueblo que luego recalificó

El PP continúa imperturbable en sus críticas a la actuación del PNV y del Gobierno foral alavés en torno a la supuesta trama de corrupción en la compraventa de terrenos en el parque tecnológico de Miñano que afecta a ocho ex altos cargos y militantes relacionados con el Araba buru batzar (ABB). El secretario general de los populares alaveses, Javier de Andrés, fue ayer un paso más allá en sus acusaciones y aseguró que el dimisionario diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, era apoderado de una empresa, Eskalmelo S.L., que compró «siete fincas en el pueblo de Cripán» meses antes de retornar el PNV a la Diputación y de que De Miguel fuera designado número tres de Xabier Agirre. «En 2009, esta misma persona fue la encargada de firmar el decreto que establece las normas subsidiarias del plan urbanístico del pueblo», censuró De Andrés.

Uno de los principales argumentos del PP se basa en la supuesta incompatibilidad de cargos en la que incurrió Alfredo de Miguel tras aceptar el acta de diputado. «Su declaración de actividades es muy confusa», lamentó ayer el PP. «¿Alguien puede mirarme y decirme a la cara que es compatible ser el diputado responsable de las obras en los pueblos y tener intereses mercantiles y empresariales en alguno de ellos?, incidió el también portavoz del PP en las Juntas.

Agirre da explicaciones hoy

Hoy, precisamente, comparecerá el diputado general en la Cámara territorial para dar explicaciones sobre este asunto. Ya el pasado domingo, en la primera entrevista que concedía tras 'estallar' este presunto caso de corrupción, Xabier Agirre aclaró a este periódico que la Secretaría General de la Diputación fue la encargada de hacer un informe técnico sobre la idoneidad de sus diputados y en ninguno de los casos se detectaron anomalías.

El PP, sin embargo, no se da por vencido al considerar una «excusa» las palabras de Agirre. En este sentido, Javier de Andrés aseguró desconocer si se pidió un informe de compatibilidad o de incompatibilidad, es decir, si se hizo un escrito a medida para que De Miguel pudiera ser diputado. Los conservadores también centran sus acusaciones en otra empresa, Landaburu Etxea S.L., firma constituida en 2006 por el ABB a través del ex diputado para comprar a un precio más barato la futura sede del partido en Vitoria, ubicada en la Virgen Blanca -la empresa es patrimonio de los jeltzales-.

Respecto a la situación en la que ahora queda el Gabinete Agirre -el único diputado de Aralar fue cesado en octubre y EA quiere marcar distancias-, Javier de Andrés manifestó que lo más «razonable» es que Xabier Agirre se someta a una cuestión de confianza para saber con qué apoyos cuenta, aunque acto seguido reconoció que no lo iba a hacer por «temor a perderla». Al hilo de estas afirmaciones, el teniente de diputado general, Claudio Rodríguez (PNV), volvió a destacar la «lealtad» de los dos diputados de EA y aseguró que nunca habían dicho que querían marcharse.