"La infanta ha intervenido lucrándose en su propio beneficio", dice el juez

El juez del 'caso Nóos', José Castro, ha decidido citar como imputada, el día 8 de marzo, a las 10 horas, a la infanta Cristina por delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El magistrado toma la decisión solo con el apoyo de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, y en contra del criterio del resto de las partes, incluida la Fiscalía y Hacienda, que no vieron delito en la actividad de la hija del Rey en relación a su marido, Iñaki Urdangarin. La defensa de doña Cristina ya ha anunciado su intención de recurrir la imputación ante la Audiencia de Palma.

"Los delitos contra Hacienda que se imputan contra Urdangarin no se podrían haber cometido sin el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que mantuviera una actitud de mirar para otro lado", apunta el juez Castro en su auto en 227 páginas, en el que insiste una y otra vez en la responsabilidad de la duquesa como copropietaria al 50% de Aizoon, la sociedad del matrimonio que sirvió para desviar a bolsillos privados el dinero público y que fue la base para el fraude al fisco. "Cristina de Borbón se prestó a que Aizoon sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando", agrega.

La infanta "intervino puniblemente en los delitos de los que derivaron las ganancias de Aizoon", reza el escrito del juez Castro. "Cristina de Borbón ha intervenido lucrándose en su propio beneficio y facilitando los medios para que lo hiciera su marido mediante la colaboración silenciosa de su 50% de Aizoon", añade.

En su extensísima resolución, el magistrado incide en los indicios que hay ya en el sumario para acusar a la duquesa de Palma de blanqueo de capitales. Esto es, reintroducir en el circuito legal el dinero irregular que se ocultó a Hacienda a través de Aizoon. Castro insiste en que son "innumerables" las facturas de la sociedad que demuestran que el matrimonio endosó como gastos de la empresas compras privadas, en particular viajes y las reformas de su vivienda.

Los delitos que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma imputa a la hija del Rey están castigados con hasta once años de cárcel. El blanqueo de capitales conlleva una pena de cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la cantidad de dinero opacada. El fraude fiscal puede llevar a un máximo de cinco años entre rejas y una sanción seis veces superior de la cantidad defraudada.

Tras una prolija investigación sobre la participación de la hija menor del Rey en la actividad de Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo y a través de la que presuntamente se desviaron fondos captados de manera fraudulenta de instituciones públicas, Castro pidió el pasado 9 de diciembre a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la duquesa de Palma.

Solo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se había declarado favorable a que Castro llamase a declarar a doña Cristina, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia infanta se habían manifestado contrarias a la imputación.

Siete meses de indagaciones

Es la segunda ocasión en la que Castro imputa a la duquesa de Palma tras haberlo hecho el 3 de abril del año pasado. Entonces, la citación quedó en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso y la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo. En ese mismo auto, la Audiencia Provincial apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50% junto a su marido.

Siete meses de indagaciones más tarde, y tras distintos informes de la Agencia Tributaria que no reflejan hechos presuntamente delictivos y varios análisis policiales sobre los gastos privados del matrimonio Urdangarin-Borbón con fondos de Aizoon, corresponde al juez adoptar una determinación.

La Fiscalía Anticorrupción subrayó en un detallado escrito previo cuyos argumentos volvió a reiterar después de que Castro le solicitara su opinión, que contra la hija del Rey solo hay "conjeturas o sospechas". El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido "indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación". Además, Horrach reprochó a Castro que hubiese ordenado diligencias "irrelevantes desde el punto de vista penal" cuya práctica solo ha servido para ocasionar "una dilación no conveniente del procedimiento".