"He venido a trabajar y me dicen por teléfono que estoy despedido"

No lleva ni dos meses en Bizkaia y la paz social ya pende de un hilo en Ambuibérica. La empresa que ha asumido la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU), servicio ofrecido durante décadas por DYA y Cruz Roja, ha anunciado durante las últimas 48 horas el despido de tres trabajadores subrogados de las adjudicatarias anteriores y el inicio de los trámites para dar otra baja la próxima semana. La sociedad mercantil dice que no tiene trabajo para los afectados, pero garantiza que sus puestos «no se extinguirán» ya que serán cubiertos por nuevos profesionales. La decisión ha llenado de «incertidumbre» a la plantilla, que teme nuevas salidas, y los sindicatos sopesan empezar a movilizarse de inmediato. «El único objetivo de estos despidos es recortar gastos, ni sobra gente ni faltan labores que hacer», denuncian.

José Luis es uno de los afectados. Es conductor de ambulancias y hasta hoy llevaba siete años trabajando para la DYA. Cuando esta mañana ha acudido a su puesto de trabajo en la base de Durango, -según su testimonio no había recibido la carta de despido de Ambuibérica- no daba crédito a lo que le estaba pasando. "Me llaman desde la empresa y me comunican por teléfono que me vaya", cuenta a EL CORREO. En un primer momento, José Luis, que ignoraba el motivo de su despido, se ha negado a abandonar su puesto de trabajo "hasta que me lo notifiquen legalmente, por escrito", reclamaba. Esta decisión ha provocado que dos responsables de Ambuibérica se han acercado hasta las instalaciones, con la carta de despido en la mano. Asimismo, han llamado a la Policía Municipal comunicándoles "que había un altercado", aunque los agentes no han tenido que intervenir. Finalmente, José Luis ha recogido sus pertenencias y ha abandonado el lugar.

Ambuibérica ganó el pasado mes de noviembre el concurso abierto por el Gobierno vasco para hacerse cargo de la RTSU. Por primera vez en 46 años, DYA y Cruz Roja quedaron fuera del reparto en favor de una sociedad privada que requería un presupuesto menor -unos 30 millones de euros anuales- para hacerse cargo del servicio. La nueva adjudicataria tiene su sede central en Valladolid y comenzó a operar el 15 de julio después de que el órgano administrativo que controla los procesos de licitación de contratos públicos en Euskadi rechazara los recursos interpuestos por las ONG. Advertían que las condiciones del servicio podían verse afectadas por el cambio, y también la plantilla. «Asumiremos el mayor número de personal posible», aseguraba recientemente Carlos Magdaleno, presidente de la empresa. 140 profesionales fueron subrogados.