Los jueces decidirán el lunes si el 'pase covid' se activa en toda Euskadi desde el martes

El equipo jurídico del Gobierno vasco presentó un escrito que busca justificar la aprobación de una iniciativa excepcional y que necesita tener un encaje muy claro dentro del ordenamiento jurídico porque puede colisionar con algún derecho fundamental. El Ejecutivo mantiene que es una medida «idónea, necesaria y proporcionada» para combatir los contagios en este momento concreto de la pandemia, con la incidencia al alza.

El camino a seguir en esa argumentación lo marcó a mediados de septiembre el Tribunal Supremo en la sentencia de un recurso de casación presentado por la Xunta de Galicia. Ese fallo es la 'guía' que todos los TSJ están siguiendo en sus respectivas autonomías para avalar la implantación del pasaporte covid. Y la clave, según el Supremo, es que quede demostrado que no se trata de una medida indiscriminada y que es totalmente necesaria.

En ambos aspectos se centra el argumentario presentado por el Gobierno vasco. Por un lado, advierte que la medida no se propone para toda la hostelería en general sino sólo para los «establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de esparcimiento y baile, como discotecas, salas de baile, salas de fiesta con espectáculo, bares musicales, karaokes...». «En cuanto a los pubs y bares especiales incluidos en el Grupo III, la medida se exigirá a partir de las 22.00 horas», expone el Ejecutivo, que también incluye en el grupo de locales afectados a los restaurantes con un aforo superior a 50 comensales.

El pasaporte covid, además, no se aplicaría sine die. La propuesta del Gabinete Urkullu es que se active automáticamente cuando la incidencia acumulada a 14 días «en el conjunto de la comunidad» supere los 150 casos por 100.000 habitantes. Y por lo tanto, deje de exigirse para entrar en esos locales cuando baje de esa cifra.

Este planteamiento difiere, en parte, con el que hizo la Xunta de Galicia y que fue el aprobado por el Supremo. El Ejecutivo de Núñez Feijóo planteó esta medida no para el conjunto de la comunidad, sino para los municipios concretos que sobrepasaran unos determinados niveles de contagio. Es decir, dejó claro que la medida no era geográficamente indiscriminada.

La duda que quedaría ahora, y que no se resolverá hasta el lunes, es si para los jueces vascos la salvaguarda de la activación a partir de los 150 casos esgrimida por el Gobierno vasco es suficiente para evidenciar que no se trata de una medida generalizada en la que algunas localidades o comarcas que tengan una buena evolución pandémica 'paguen' por los malos datos de otras. En estos momentos, Euskadi tiene una incidencia general de 232 casos, con más de un 44% de sus municipios -sobre todo en Gipuzkoa- por encima de los 150.

Sobre su encaje legal, el Gobierno vasco asegura en su escrito que la medida de activar el pasaporte covid es «necesaria para contribuir a atajar una nueva ola de transmisión comunitaria del virus y para incentivar, aún más si cabe, la vacunación de toda la ciudadanía». Además -y aquí sí sigue la línea marcada por la Xunta ante el Supremo-, señala que la «afección necesaria a los derechos fundamentales se contrapone con el derecho fundamental a la vida y la salud pública, que debe prevalecer por encima de todo». Y para apuntalar el argumento, recuerda que el alto tribunal avaló que el derecho fundamental a la protección de datos no se ve afectado porque sólo habría que mostrar el documento en el acceso al local.