Las empresas acatan la orden de Educación que garantiza el transporte escolar

Las empresas acatarán la orden de ejecución forzosa dictada este martes por el departamento que lidera Jokin Bildarratz y que obliga a las compañías a prestar el servicio en las mismas rutas que gestionaban el año pasado. Eso sí, presentarán batalla en los tribunales. Han recurrido la orden ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para «luchar por nuestros derechos». No obstante, al no solicitar medidas cautelares, el servicio se prestará hasta que los jueces dicten sentencia.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado tras el consejo de Gobierno que la orden pretende «garantizar» el derecho de los alumnos a la enseñanza. En este sentido, añadió que el documento persigue «garantizar ese servicio y que las empresas que hasta ahora han tenido la responsabilidad de gestionar el transporte aseguren ese transporte hasta que se resuelva una nueva licitación».

Educación, por tanto, obligará a las empresas a cubrir los itinerarios y les abonará el coste más un 6% de beneficio industrial. Para determinar cuánto le cuesta a cada compañía poner en marcha un autobús y los gastos que conlleva, la orden, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, explica que el departamento habilitará un espacio para que las empresas, con una periodicidad mensual, aporten documentación detallando sus costes.

La publicación de la orden de ejecución forzosa es una medida extrema adoptada por Educación ante la negativa de los transportistas a cubrir las rutas de Álava y Bizkaia por las condiciones «inasumibles» que ofrece el Gobierno. Todas las rutas vizcaínas y la inmensa mayoría de las alavesas estaban desiertas hasta ayer. En Gipuzkoa, en cambio, se han cubierto el 98% de los itinerarios y sólo ha hecho falta 'obligar' a dos empresas a cubrir las tres rutas que quedaron desiertas.

Esta enorme diferencia entre las rutas guipuzcoanas y el resto levantó las sospechas del departamento, que considera que algunas compañías pueden estar actuando de un modo ilícito, activando una posible concertación entre ellas, con el objetivo de obtener un mayor beneficio de la Administración. Por ello, Educación ha presentado una denuncia ante la Autoridad Vasca de la Competencia. Bildarratz aseguró, en una comparecencia del pasado viernes, que también llevarán el caso ante la Fiscalía. Fuentes del departamento aseguraron ayer a este periódico que esto aún no se ha producido, aunque tendrá lugar «en los próximos días».