El Gobierno vasco negocia a contrarreloj con Madrid para abrir las aulas el lunes

La vuelta a las aulas en Euskadi prevista para el próximo lunes aún está pendiente de la autorización del Gobierno central, ya que en la fase 1 de la desescalada en la que se encuentra el País Vasco no está permitida la apertura de los centros de enseñanza. El Gabinete de Íñigo Urkullu negocia a contrarreloj con Madrid un encaje legal que haga posible el inicio de la actividad escolar presencial una semana antes de la fecha que fijó el presidente Sánchez -el 25 de mayo- en la segunda tanda del desconfinamiento, según ha podido saber este periódico.

El plan vasco fijaba la vuelta a clase de segundo de Bachillerato y parte de la FP el próximo día 18, aunque, según reconoció el pasado martes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, el Departamento de Educación carece de la «base jurídica» necesaria para poner en marcha la docencia presencial antes de la fase 2 de la desescalada. El dirigente jeltzale apeló al pacto político que llevó al PNV a apoyar la última prórroga del estado de alarma para reclamar al Gobierno central que articule de forma urgente «el mecanismo» que permita a Euskadi empezar las clases este próximo lunes.

Al parecer, el equipo de Urkullu habría arrancado ya el compromiso de permitir a Euskadi decidir la fecha de retorno a las aulas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, necesitado de los votos del PNV para aprobar el tercer plan de confinamiento la próxima semana. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, lo apuntó: «La apertura de los centros el lunes es algo acordado entre Vitoria y Madrid». La negociación se habría atascado en la búsqueda de la complicada fórmula para articular lo que Erkoreka denomina «espacio autónomo» para la desescalada en el «ámbito de la Educación».

Durante el estado de alarma, y aunque Euskadi tiene transferidas las competencias de Educación, cualquier decisión está supeditada al permiso del Gobierno central. De hecho, en el decreto del domingo del lehendakari no se recogía la apertura de las aulas el 18 de mayo y, como aclaró el propio Ejecutivo vasco, haría falta una orden posterior para autorizar el regreso a los centros en esa fecha que aún no se ha publicado.

Ayer mismo, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, matizó que «la gobernanza compartida» significa «que todas las fases de la desescalada serán acordadas entre los ejecutivos de las comunidades autónomas y el central». Y que, si en ese proceso «se quieren implantar medidas más estrictas, Madrid no va a poner problemas». Las fricciones surgirían, advirtió, si se quieren «acelerar» acciones como la de «meter a los escolares en las aulas» la próxima semana.

A pesar de esa falta de soporte legal -a la que se suma la oposición frontal de los sindicatos-, el Departamento de Educación mantiene su plan de permitir a los centros que así lo decidan retomar las clases presenciales el lunes. «Continuamos trabajando para hacer posible la vuelta la próxima semana», reiteraron ayer fuentes de la consejería de Cristina Uriarte.

De hecho, Educación dio ayer un paso más y presentó el protocolo de seguridad, que incluye el suministro de mascarillas, pantallas protectoras, geles hidroalcohólicos y termómetros a los centros públicos. El material de protección que reparta el Departamento está destinado, en principio, a docentes y personal. Los alumnos deberán llevar sus mascarillas de casa, aunque si algún estudiante no tiene protección cuando vaya a acceder a la clase se la suministrará el instituto.

El protocolo también establece la distancia de 1,5 metros entre mesas y de dos en el resto de espacios; entradas, salidas y descansos escalonados; horario continuo para eliminar el servicio de comedor; y un refuerzo en la limpieza y desinfección del centro educativo. Las aulas de la FP podrán acoger un máximo de 15 alumnos.