Una denuncia que llega en plena crisis económica de la entidad

La investigación abierta en los juzgados por supuestas irregularidades cometidas durante el mandato de Fernando Izagirre llega en el peor momento posible para la DYA: la entidad atraviesa una situación económica «grave», según explican fuentes internas. Una situación delicada que -insisten los mismos medios- se va a agravar ahora por la guerra abierta entre Izagirre y los actuales responsables de una organización sin ánimo de lucro que, a día de hoy, se financia básicamente con las aportaciones altruistas de los socios. «Esto puede hacer mucho daño a las donaciones», insisten desde la entidad.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que en el fondo de la polémica se encuentra la «delicada» situación financiera de la DYA, una entidad dedicada a la gestión integral de emergencias. La pérdida de una serie de contratos con la Administración hace unos años no ha ayudado a mantener la estabilidad, dicen los mismos medios. En lo que no se ponen de acuerdo es en el alcance de la crisis financiera y, sobre todo, discrepan sobre quién tiene la responsabilidad de lo ocurrido.

Fuentes cercanas a los nuevos gestores subrayan que esta situación se debe a la «mala gestión» de Izagirre. En este sentido, aseguran que, además de los gastos sin justificar que le imputan con la tarjeta de crédito, se realizaron una serie de compras y de movimientos estratégicos que han resultado un «lastre» para la organización. Hablan, por ejemplo, de varias adquisiciones de inmuebles. Una de las últimas operaciones -ahora cuestionada- fue el traslado de su sede central desde la calle Alameda San Mamés de Bilbao a un nuevo local situado en los bajos de las nuevas torres de Garellano, en Basurto.

Fuentes cercanas a Izagirre rechazan cualquier tipo de irregularidad e insisten en que varios de los actuales máximos responsables de la DYA tenían ya cargos de responsabilidad en su etapa y conocían bien la situación económica. Uno de ellos era el secretario y tesorero, cargos que ostentó el ahora presidente Santiago Gonzalo. A su juicio, las dificultades económicas de la DYA sí pueden estar relacionadas con algunos malos movimientos estratégicos y con las dificultades derivadas de la pandemia. Pero subrayan que no existen delitos en la gestión. Además, recalcan que, cuando se marcharon en la primavera de 2021, habían trazado un plan de recuperación económica que se debía aplicar en los próximos años y que era «perfectamente viable».

A su juicio, con esta denuncia los actuales gestores del organismo sólo buscan «esconder su incapacidad» para reflotar la DYA y eludir todas sus responsabilidades.

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