El decano de los abogados carga contra la huelga de los letrados de Justicia

Fuentenebro, que representa a unos 5.000 letrados colegiados en Bizkaia, no pone «en duda, ni mucho menos, el derecho a la huelga» de este colectivo, aunque cree que «una cosa es el ejercicio del mismo y otra agravar las consecuencias provocando unos perjuicios directos de forma absolutamente desproporcionada». En el escrito, con un claro tono de enfado, recuerda que en las huelgas en el servicio público se anuncian con antelación los días y horas en que no funcionará para que el «ciudadano pueda organizar su vida y su actividad con cierta anticipación».

Por eso, en su opinión, el hecho de no informar con suficiente antelación si se va a suspender un juicio está «agravando las consecuencias para los usuarios de la Justicia y los profesionales de forma consciente y gratuita, con el único fin de que la huelga tenga una mayor notoriedad, causando unos perjuicios que van más allá de lo que debe ser un legítimo derecho al ejercicio de un derecho». El Ministerio de Justicia, de quien dependen, fijó los servicios mínimos en causas con menores, discapacitados y presos, entre otros.

Lamenta que se espere «a la fecha y hora del señalamiento de una vista para suspenderla», lo que obliga a testigos, peritos, abogados y procuradores a que asistan, «sabiendo los LAJ a ciencia cierta que no se va a celebrar». A su juicio, aunque no anunciar si se hace huelga o no sea un derecho, «tiene una clara intención de perjudicar» y supone «una falta de respeto» y un «desprecio» a la labor, entre otros, de los abogados. Augura que «a la larga, seguro menoscabará el prestigio» de los huelguistas. El decano de los abogados pide a los Letrados de la Administración de Justicia que «recapaciten y cesen en este modo de actuar» para no «perjudicar más de lo que ya supone en sí la huelga».

Sólo la semana pasada se anularon en Bilbao unos 200 juicios de la jurisdicción civil. En Getxo fueron 30, y 35 declaraciones de investigados. Y en Vitoria, un centenar de vistas. Además, se pospusieron 15 bodas en la capital vizcaína y han quedado bloqueados 4,5 millones de euros de la cuenta de depósitos y consignaciones de los juzgados que se dedican al pago de pensiones de alimentos a menores en casos judicializados e indemnizaciones. Los secretarios judiciales son los únicos autorizados para acceder a esa cuenta.

Los letrados aseguran que llevan 14 años esperando a una «adecuación salarial» a las competencias de más que asumieron en 2009 para descargar de trabajo a los jueces y acusan al Ministerio de Justicia de incumplir el pacto al que habían llegado con mejoras laborales. Reclaman también un convenio colectivo propio para poder elegir a sus representantes.