La 'trama De Miguel' se sirvió de empresas pantalla para defraudar a Hacienda

La Diputación vizcaína cree que la 'trama De Miguel' se sirvió de empresas pantalla para aparentar el desarrollo de un trabajo que en realidad no existía y mover a través de ellas diversas cantidades de dinero. No tenían estructura, no hicieron la correspondiente declaración ante el fisco, no adquirieron bienes ni contrataron personal... Estas sociedades encuadradas en la supuesta red corrupta tejida para adjudicar contratos a dedo y cobrar comisiones a cambio, con el ex 'número dos' del PNV alavés y diputado foral, Alfredo de Miguel, al frente, ofrecían «todos los elementos» que apuntaban a ese uso fraudulento. Joseba Garmendia, inspector de Finanzas de la institución foral, en manos jeltzales y personada en la causa como acusación particular, las retrató ayer como firmas «muertas, que están ahí pero no realizan ninguna actividad» durante una nueva sesión del proceso judicial por este caso.

La Hacienda de Bizkaia analizó sólo los movimientos de dos empresas relacionadas con la supuesta trama (Sidepur y Zerulur) ya que el resto tributaban fuera de este territorio. En los ejercicios revisados, entre 2005 y 2009, detectó, por ejemplo, cuantiosas facturas sin que hubiera detrás «servicios o soporte documental, lo que no es normal» o negocios que carecían de «lógica empresarial». «¿Cómo es posible que una persona que no tiene nada que ver con el mundo de las energías renovables pegue un pelotazo así?», se preguntó el inspector sobre una compraventa de acciones entre varias firmas investigadas en el 'caso de Miguel'. Las participaciones se revalorizaron en pocos meses hasta duplicar su valía, de 400.000 a 800.000 euros. La operación «hace aguas, no tiene ningún sentido», concluyó Garmendia.

El testigo repasó otras actuaciones sospechosas que salpican una causa que desde enero sienta en el banquillo a 26 personas, entre ellas antiguos cargos y militantes del PNV, por su presunta vinculación a la red investigada. Así, se refirió a los 600.000 euros que uno de los imputados extrajo de cajeros y ventanilla en pocos meses sin justificación aparente ni destino conocido o los ingresos por valor de 580.000 que tuvo una de las supuestas empresas pantalla en 2009 sin que registrara gasto alguno a lo largo de ese año. El inspector de la Hacienda vizcaína se expresó con contundencia sobre el 'modus operandi' de estas sociedades «inactivas»: «El Tribunal Supremo lo llama simulación, se usan personas jurídicas para un desplazamiento patrimonial hacia personas físicas».

En las indagaciones realizadas, reconoció este empleado foral con dos décadas de experiencia en la entidad, aparecieron «bastantes muestras» de que las empresas con sede vizcaína ligadas a la presunta trama corrupta actuaban bajo ese esquema. De hecho, en el informe que elaboró en un intento de arrojar luz sobre el 'caso De Miguel' reflejó «dudas razonables de que Sidepur y Zerulur hayan realizado en este tiempo actividad empresarial». Los delitos fiscales, como este supuesto uso de empresas pantalla, que desgranó ayer ante el tribunal componen el penúltimo de los doce bloques de esta compleja causa cuyo proceso judicial se toma ahora un 'respiro' para reanudarse a principios del próximo mes. No será hasta mediados de septiembre, tras las vacaciones estivales, cuando comparezcan los 26 acusados ante la Audiencia Provincial de Álava y se calcula que la vista podría alargarse, al menos, hasta finales de noviembre.