Sánchez pide ahora el apoyo del PP para aprobar sus decretos tras el plantón de Junts

Consciente de la situación, el Ejecutivo se ha abierto a tramitar los textos como proyectos de ley, abiertos a enmiendas. Pero eso no ha servido para seducir al que ya se preveía como el socio más difícil de contentar, Junts per Catalunya. «Seguiremos hablando hasta el último minuto», asumió el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán. Los decretos en cuestión son una norma 'ómnibus' que aborda, entre otras cosas, cambios para eficiencia procesal y digital de la Justicia, la prórroga parcial del 'escudo social' contra la crisis, y la reforma del subsidio de desempleo.

Podemos también ha advertido de que no respaldará este último, pero los socialistas creen que pueden hacerles cambiar de opinión. El partido de Carles Puigdemont es harina de otro costal: su gran objetivo siempre ha sido la amnistía y negociar el referéndum de autodeterminación.

Hasta esta legislatura no había ejercido como socio del Gobierno y su posición es abiertamente utilitarista, lo que le hace menos susceptible a apelaciones de tipo moral como la que ayer empleó Cerdán para afear su actitud a todos aquellos que están pensando votar no, incluido el PP. «Tendrán que decir a los 12 millones de pensionistas que no quieren que se les revalorice la pensión un 3,8%», adujo.

En la legislatura pasada los socios parlamentarios reprocharon una y otra vez al Ejecutivo que se abonara a la práctica de legislar mediante reales decretos ley -sobre los que sólo cabe votar sí o no- en los que además incluía a menudo un popurrí de asuntos variados junto a alguna materia especialmente sensible, como la de las pensiones, para condicionar el sentido del voto. Pero, pese al enfado, prácticamente siempre acabaron pasando por el aro.

Sin embargo, Junts deja claro que esta legislatura ahora todo será diferente. «Estamos a favor de buena parte de las medidas pero queremos un decreto para cada tema (justicia, régimen local, mecenazgo, laboral y reforma de la ley sociedades de capital)», apuntan los posconvergentes. «Sánchez practica la política de hechos consumados. No le hemos dado un cheque en blanco», reprochó el portavoz, Josep Rius.

El Ejecutivo descarta por completo dar marcha atrás en sus medidas e insiste en que serán sometidas mañana sí o sí a la convalidación de la Cámara baja pero invita a los de Puigdemont a poner «sobre la mesa» sus condiciones. «Estamos intentando ver si hay otras cuestiones que a ellos les puedan resultar de interés. Como en toda negociación, si hay un elemento en el que es difícil llegar al punto de encuentro, hay que explorar el perímetro», apuntó en TVE la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Junts pone pegas de diversa índole. Por un lado, sostiene que el real decreto ley 'ómnibus' incluye una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en su opinión, pone en riesgo la aplicación de la futura ley de amnistía. El partido de Puigdemont también alega que el Gobierno no contó con ellos en la elaboración de unos decretos que incurren en una invasión competencial y que obligan a la prestación de unos servicios infrafinanciados.

Díaz llama a Sémper

La única alternativa para que el Ejecutivo pueda salvar sus primeras leyes sería el PP. Hoy por hoy, sin embargo, un acuerdo entre los dos grandes partidos resulta inverosímil, a pesar de que tanto el domingo como ayer Bolaños se puso en contacto con la secretaria general del primer partido de la oposición, Cuca Gamarra, para sondearla. También la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, llamó al Borja Sémper.

Los populares advierten de que Pedro Sánchez no puede aspirar a que sean ellos quienes salgan a su «rescate» cuando se topa con los «intereses contrapuestos de sus socios». Lo máximo que ofrecen es una abstención que permitiría convalidar el real decreto ley anticrisis, pero supeditada a tres condiciones (deflactación del IRPF; rebaja del IVA de carne, pescado y conservas; y mantenimiento del IVA rebajado al gas y la electricidad en el 5%), que tanto Montero como Cerdán rechazaron ayer, pero no se descarta un giro de guion en la recta final de la negociación. «El principal partido de España no socorrerá a Pedro Sánchez en caso de que sus socios le fallen», destacaron fuentes de Génova, al tiempo que reiteraron su ofrecimiento de abstención en uno de los tres decretos.