La Fiscalía pone en cuestión la estrategia del Gobierno vasco con los presos de ETA

En apenas 24 horas, la Audiencia Nacional propinó dos varapalos al Gobierno vasco al echar para atrás la progresión de Mikel San Argimiro y de Aitor Esnaola. A mediados de octubre ocurrió lo mismo con Xabier Atristain y en junio con Gorka Martínez y José Ignacio Bilbao. En todos los casos, el argumento expuesto por la Fiscalía es el mismo. Que las cartas con las que los presos muestran su arrepentimiento están muy lejos de ser sinceras y tienen un carácter genérico.

La doctrina en estos momentos en la Audiencia Nacional es que el juez de Vigilancia Penitenciaria asuma los argumentos del Ministerio Público. Eso hace que el futuro que se avecina para los presos de ETA no sea especialmente halagüeño porque, según los datos de la AVT, todavía quedan 16 recursos por resolver. En este escenario está jugando un papel fundamental Carlos Bautista. El representante del Ministerio Público es el encargado de analizar la situación de los presos de la banda terrorista y defiende en sus escritos que es necesario un perdón nítido de los etarras para poder progresar de grado.

Las cartas que mandan los presos no son exactamente las mismas, cada una tiene sus matices, pero en general muestran su empatía hacia las víctimas y su rechazo a la violencia. El debate que se ha suscitado, y en el que las opiniones judiciales son variadas, es si, como afirman los más críticos, solo plasman una «asunción genérica de responsabilidades» tendente a acortar las penas o son sinceras.

El Gobierno vasco defiende, por su parte, que las cartas solo son un elemento más a la hora de decidir si un preso de ETA puede progresar de grado. Que se tiene en cuenta su evolución global y que el visto bueno lo dan en un principio las juntas de tratamiento de las tres cárceles vascas, formadas por psicólogos, trabajadores sociales...

El papel de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido uno de los elementos que ha aparecido en las conversaciones que de forma discreta ha mantenido durante los últimos meses la izquierda abertzale con el Gobierno de Pedro Sánchez. A finales del año pasado, desde el entorno de Sortu se trasladó al Ejecutivo que un cambio en el Ministerio Público ayudaría a engrasar las relaciones entre ambas partes. Bautista sigue en su puesto, pero sí ha habido un relevo significativo: a finales de septiembre el 'número dos' de la Fiscalía, Miguel Ángel Caballero, que durante años ha sido otro de los encargados de llevar los asuntos relacionados con ETA, ha sido reemplazado por Marta Durantez, afín al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.