Las comunidades aceleranlas reformas de sus estatutos

Esta moda reformista no es casual. De hecho, todos los procesos activados guardan un elemento en común: la supresión de los aforamientos. Se trata de la prerrogativa por la que diputados o miembros de los gobiernos no son juzgados en tribunales de primera instancia ordinarios, sino en el Superior de cada territorio o en el Supremo. El desencadenante de estos cambios hay que buscarlo años atrás, con el surgimiento de nuevos partidos como Podemos y Cs que hicieron bandera de la regeneración democrática en plena crisis del bipartidismo, causada, entre otros factores, por la corrupción.

La primera en completar el recorrido fue Canarias, que desde 2018 cuenta con un nuevo texto en el que no hay rastro de los aforamientos. Sin embargo, en su aprobación en las Cortes, los morados votaron en contra y los naranjas se abstuvieron al estimarla poco ambiciosa. Después, este mismo año, ha llegado el turno de Murcia y Cantabria, que han seguido por la misma línea al acabar con la protección jurídica a los políticos y, en estos casos, sin recabar ningún voto en contra.

La cola para la publicación definitiva en el BOE es cada vez más larga. En los últimos dos meses, el Congreso ya ha tomado en consideración las reformas propuestas por Baleares y La Rioja, que salieron en su día de sus respectivos parlamentos regionales con unanimidad de los grupos. En el caso riojano, además de acabar con los aforamientos, se busca limitar a dos los mandatos que una misma persona puede permanecer como presidente autonómico.

Recién iniciado está el cambio del Estatuto de Aragón, también fundamentado en la eliminación del aforamiento. El Ejecutivo de Javier Lambán pretende igualmente blindar en 14 el mínimo de escaños que se atribuyen a cada una de sus tres provincias, un movimiento con el que se busca conservar el peso de Teruel, una zona especialmente azotada por la despoblación. Asturias prevé sumarse también a esta ola.

Euskadi sigue inmersa en su larga ruta, aunque ajena a la senda de la supresión de los aforamientos. En el texto consensuado la pasada legislatura por PNV, Podemos y PSE, se conservan los artículos que otorgan a los parlamentarios inmunidad, la imposibilidad de ser procesados sin la autorización de la Cámara y, en su caso, el traslado de las causas penales al Superior o al Supremo.