El choque por el centro de refugiados de Vitoria encona la relación entre PSOE y PNV

De momento, el PNV lo ha llevado a Congreso y Senado, donde ha registrado una batería de preguntas para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dé explicaciones sobre la nueva infraestructura, con un coste inicial previsto de 14,1 millones de euros.

El movimiento demuestra que tanto el Gobierno vasco como Sabin Etxea huyen del perfil bajo y están dispuestos a escenificar su rechazo frontal al proyecto, no solo por la «unilateralidad» que reprochan al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino también por entender que un «macrocentro» de estas características contradice el «modelo vasco de acogida» a las personas que huyen de conflictos en sus países de origen.

De hecho, ya desde que esta semana salieran a la luz los planes del ministerio que encabeza José Luis Escrivá, los jeltzales han hecho oír su voz en contra pese a que, según ha podido saber este periódico, el Gobierno central no solo sigue adelante con el proyecto tras la licitación de las obras sino que hará una «defensa cerrada» del mismo también en lo político. Al grupo vasco en las Cortes Generales se ha sumado, desde el inicio, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y la consejera de la que dependería la competencia -no transferida- de Inmigración, Beatriz Artolazabal. La titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales -hasta su sustitución prevista para febrero- es, a la sazón, la nueva candidata jeltzale a alcaldesa de la capital.

Ayer mismo, ambos insistieron en su rechazo a las nuevas instalaciones con el argumento de que pueden propiciar la «guetización» de los solicitantes de asilo y apostaron por centros «más redimensionados, más individualizados, con un proyecto más cercano a la comunidad y a la realidad vasca». En palabras de Urtaran, una infraestructura como la proyectada en Vitoria se asemeja más a un «repositorio» y no favorece el «objetivo último» de «integrar» a los refugiados.

Además -y he aquí otras de las claves del conflicto- ambos relacionaron la polémica con la cerrazón de Moncloa a transferir las materias pendientes y consignadas en el calendario de traspasos pactado entre las Administraciones central y vasca tras recalcar la vocación «solidaria» y «acogedora» de Vitoria. «Es evidente que tenemos las herramientas, los servicios y el compromiso para atender a las personas migrantes que llegan a Euskadi. Nos falta que se haga efectiva la transferencia de competencias en materia de Extranjería para poder dar una forma definitiva al modelo vasco de acogida», subrayó Artolazabal.

Es más, el alcalde recordó que, cuando el secretario de Estado de Migraciones le informó en julio de la intención del ministerio no solo le mostró sus reservas, sino que le recordó que Euskadi estaba «trabajando» para asumir las competencias de Inmigración, aunque obtuvo, dijo, «la callada por respuesta». También en Lehendakaritza recuerdan que, el pasado 14 de octubre, en la reunión que Urkullu mantuvo con el ministro Escrivá, el lehendakari le insistió en el carácter prioritario de esa transferencia, abrió brecha para que Euskadi pudiera gestionar directamente los permisos iniciales de trabajo de los migrantes y le instó a informar a Artolazabal del proyecto.

Desde entonces, se quejan, el ministerio ha actuado por su cuenta y las negociaciones sobre el traspaso en materia migratoria no han avanzado en absoluto. Además, ambas partes asumen que no lo harán a corto o medio plazo. El Gobierno central porque insiste en que, con el actual Estatuto es imposible que puedan firmarse los traspasos de Inmigración y Gestión del Litoral, dos de los que reclama con más insistencia la consejera Olatz Garamendi.

Aunque ambos confían en que llegará pronto un gesto que desengrase el conflicto -podría ser el traspaso definitivo de los ferrocarriles de Cercanías, empantanado desde hace meses-, la desconfianza se ha instalado en la relación entre La Moncloa y Lakua. Y no tiene visos de mejorar. Entre otras cosas, porque los socialistas ven en la posición de los jeltzales un caso claro de 'not in my backyard' (no en mi patio trasero), el término anglosajón con que se conoce el rechazo a infraestructuras potencialmente conflictivas en el entorno más cercano. Y hoy mismo se espera una respuesta contundente del Gobierno central y del PSE para defender el proyecto desde el punto de vista del «derecho internacional» y de las recomendaciones europeas, desligando el asunto de consideraciones electorales y de la negociación de las transferencias.