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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. EFE

Mesa de diálogo para ganar tiempo

ERC necesita este foro en su lucha por la hegemonía independentista

Lunes, 1 de agosto 2022, 00:33

La tercera reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán se celebró tras superar dos tormentas políticas. La primera provocada por ... la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 25% de clases en catalán, que cuestiona el modelo de inmersión lingüística, ratificada por el Supremo y suspendida a la espera del recurso ante el Constitucional. Ello propició, a finales de mayo, el pacto entre ERC, Junts, PSC y Comunes para promulgar una nueva ley de usos lingüísticos que paralizaba la inminente ejecución de la sentencia.

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La segunda fue la relativa a las implicaciones del 'caso Pegasus' de espionaje a líderes independentistas, entre ellos Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, aumentada por la publicación de las grabaciones del comisario Villarejo que muestran las sucias operaciones de la 'policía patriótica'. La presión de Junts y CUP fue tan intensa que obligó a ERC a congelar el escenario de diálogo.

Esta mesa es la apuesta estratégica de ERC, que la impuso como condición 'sine qua non' para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y que desde el principio contó con la oposición de Junts y CUP. En la anterior convocatoria, Aragonès hubo de imponer su autoridad para responder a la provocación de Junts, que pretendió incluir en su delegación a tres miembros que no formaban parte del Gobierno, dos de ellos, Jordi Sànchez y Jordi Turull, recientemente indultados. Para Junts y CUP la mesa de diálogo es una maniobra dilatoria del Gobierno español para anestesiar al movimiento independentista con cantos de sirena sobre una solución política del conflicto. Desde entonces, por parte catalana solo asisten consellers de ERC y por la otra parte ministros del PSOE y Unidas Podemos.

Las reivindicaciones de Esquerra se concentraron inicialmente en dos puntos: amnistía y autodeterminación, de difícil, por no decir imposible, encaje constitucional. Justamente, ese fue el límite marcado por el PSOE, según el cual se puede hablar de todo, pero sin traspasar jamás esa frontera.

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Amainada la borrasca de Pegasus, la reanudación de la mesa de diálogo se produce tras un mes de encuentros preparatorios entre los respectivos jefes de gabinete de presidencia, Félix Bolaños y Laura Vilagrà, y otro entre los presidentes, Pedro y Pere, el día siguiente del debate del estado de la nación donde Sánchez escenificó el giro a la izquierda tras la debacle andaluza. Después de estos contactos, ambas partes eran muy conscientes de que en la próxima reunión debían ofrecer algún avance.

El encuentro se celebró en un momento difícil, aunque por razones distintas, para PSOE y ERC. Tras el aviso en Andalucía, uno de sus principales graneros electores, Sánchez necesita ganar tiempo, para combatir el 'efecto Feijóo' y las consecuencias del sombrío panorama económico. El voto negativo de ERC a la reforma laboral, que se aprobó por el error de un diputado del PP, mostró la importancia de los 13 escaños de Esquerra para garantizar las mayorías parlamentarias hasta el final del mandato.

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También Esquerra necesita comprar tiempo. La ruptura del pacto de investidura con la CUP, que votó en contra de los Presupuestos de la Generalitat, le dejó sin mayoría en el Parlament y Aragonès hubo de recurrir a los ocho diputados de los Comunes para aprobarlos. Las fuertes tensiones derivadas del 'caso Borràs', que amenazan la estabilidad de la coalición ERC-Junts, obligan a Esquerra a buscar mayorías parlamentarias alternativas a fin de aposentar la presidencia de Aragonès e intentar romper el 'empate técnico' en las urnas, ahora de un solo escaño a favor de Esquerra. El PSC ya se ha ofrecido a pactar las Cuentas, siempre y cuando -claro está- ERC se porte bien en Madrid. Unos movimientos que podrían interpretarse como un jalón más en la ruta hacia un eventual tripartito de izquierdas, o al menos un pacto ERC-Comunes con la benevolente neutralidad del PSC.

Los documentos presentados por ambos gobiernos indican que la demanda de amnistía se ha transmutado en la llamada «desjudicialización» de las múltiples causas abiertas contra líderes independentistas, así como una eventual reforma del delito de sedición que podría beneficiar a Carles Puigdemont y Marta Rovira, secretaria general de ERC, huidos a Bélgica y Suiza, respectivamente. Por su parte, Esquerra se compromete a seguir las vías legales para conseguir sus objetivos políticos e implícitamente a renunciar a la vía unilateral. La demanda de autodeterminación se ha metamorfoseado en un paquete de medidas para extender el uso de catalán en Europa y en el Senado, así como avalar la legislación de usos lingüísticos mencionada.

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En el interminable combate entre Junts y Esquerra por la hegemonía política del independentismo, ERC necesita demostrar la utilidad de la mesa de diálogo frente a quienes le acusan de renunciar a la lucha por la independencia sin conseguir nada en materia de autogobierno.

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