Euskadi en la encrucijada

Sucedió, hace demasiado poco, que iguales reflexiones se pudieron escuchar con ocasión de la dana en Valencia, donde, aparte de los problemas de coordinación, se repitió la llamada a la intervención del Estado en determinadas crisis. Hace ya algún tiempo, pero de rabiosa actualidad mientras la vivienda siga siendo, no uno, sino el principal, de los problemas que importan a la sociedad en general y a los jóvenes en particular, que en la tramitación de la Ley de Vivienda para la que el Estado no tenía competencias, hasta la izquierda abertzale plegó velas soberanistas para acatar el ansia intervencionista de un Gobierno, supuestamente progresista, pero con una dogmática visión centralista del Estado, que dispuso para sí con aquella norma el ejercicio de políticas públicas en una materia de incontestable competencia autonómica.

Y ello a través del nuevo método de reparto, que no es competencial, sino de dinero: las políticas en cada materia se deciden ahora allí donde está el dinero, es decir, ahora en Madrid. Otro tanto sucede de forma reiterada en todo tipo de leyes que afectan a servicios sociales, a la dependencia, a sanidad, a educación y a tantas y tantas materias donde la voracidad de la Administración central y una visión del Estado que jamás ha entendido ni asumido el significado del término descentralización, y por ende, tampoco el de 'autonomía', provocan la ineficacia de muchos servicios como consecuencia de no asumir, ni entender, ni querer saber qué supone ser responsable en cada ámbito de la vida pública.

Hoy, el debate sobre competencias se ha trasladado al control de la situación que da disponer de recursos financieros sin límite para condicionar las políticas de las comunidades autónomas. A pesar de ser competentes en esas y en otras muchas materias, las 'nuevas leyes' mediatizan las políticas públicas, a través del mecanismo de la transferencia condicionada de fondos a las comunidades autónomas, en aras de una supuesta 'igualdad' en el derecho de todos los ciudadanos del Estado en el acceso a esas políticas públicas.

El Estado debe tener su papel, al igual que Europa tiene su papel frente a los Estados de la UE cuando la asistencia mutua, la coordinación de políticas públicas o la colaboración entre administraciones así lo exigen. Sin embargo, el marco diseñado por las nuevas leyes de un Gobierno supuestamente progresista está condicionando, más allá de la Constitución y los estatutos, no solo el debate, sino también el ejercicio de todas las competencias sectoriales.

Por eso temo que cualquier debate que surja hoy y con relación a la posible actualización del Estatuto de Autonomía de Euskadi surge viciado de premisas de centralización forzada de competencias, ante un Estado incapaz de asumir la diversidad y renuente a su reconocimiento real, ni siquiera en leyes sectoriales, que sigue forzando -a la española- voluntades políticas. O yo o el caos.

Pero ¿cómo debatir, cómo acordar el futuro marco vasco de convivencia, si la premisa es que dicho marco siempre va a poder ser alterado por futuras leyes particulares? ¿Quién se sienta a esa mesa y con qué poderes, para garantizar que los pactos se cumplen y que la medida de su cumplimiento no va a poder ser sometida al juicio de una sola parte?

No tengo respuestas inequívocas, pero sí la intuición de que, como vascos, estamos en un momento clave del futuro de nuestra convivencia y que, para ser parte de su decisión, debemos ser parte de la solución. Nada que afecte a Euskadi se debe poder decidir sin Euskadi. Esa es la mesa en la que nos debemos sentar para no ser el menú de futuras trasgresiones del pacto político que supone el Estatuto.