Las discutidas elecciones venezolanas

Mientras la oposición y sus apoyos internacionales (EE UU, la UE, el Grupo de Lima en América Latina, etcétera) hablan de fraude y de incumplimiento de las mínimas normas constitucionales, el Gobierno y sus apoyos internacionales (Rusia, China, Cuba, Irán, Turquía) reivindican la gran jornada democrática desarrollada el domingo. Incluso, para contrarrestar la ausencia de observadores extranjeros imparciales, un grupo de expresidentes iberoamericanos (Evo Morales, Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero) decidió 'acompañar' el proceso electoral con el objetivo de hacerlo más presentable.

Con el 82% de los votos escrutados, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) cifró la participación en el 31%, con un respaldo para el oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar del 67,6%, mientras que las distintas opciones opositoras sumaron el 32,4%. Llegados a este punto y suponiendo que hubo fraude, uno podría preguntarse por qué no se dio un triunfo a la búlgara, que habría permitido a los candidatos chavistas el control total de la Asamblea.

La respuesta es simple: no lo necesitan. Primero, con la mayoría obtenida controlarán sin problemas la Asamblea Nacional. Segundo, una parte de la oposición que participó depende totalmente del Gobierno, que le dio el mando de unos partidos cuyos dirigentes tradicionales fueron desprovistos de sus derechos (caso de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular). Y tercero, se buscaba dar una imagen de participación y de contienda democrática, de modo que cuantos más partidos presentes y mayor representación parlamentaria opositora, tanto mejor.

Con estas cifras provisionales, que podrán ser ajustadas al alza, como la de la participación, Nicolás Maduro ha podido respirar tranquilo. Ya no tendrá que renunciar, después de haber amenazado con dimitir si era derrotado por la oposición. Por eso, la noche del domingo dijo que el chavismo sabe ganar y perder y que en esta ocasión les ha tocado ganar. Sin embargo, en 2015, cuando fue derrotado por la coalición opositora en unas elecciones parlamentarias similares, desde el mismo día de los comicios comenzaron las maniobras para restar margen de maniobra a la Asamblea Nacional.

No fue esta la única amenaza lanzada por altos cargos del Gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) antes de los comicios. Con el talante democrático que lo caracteriza, Diosdado Cabello, el número dos del régimen, había cargado contra la bolsa de potenciales abstencionistas con una contundente advertencia: «El que no vota, no come».

Sus palabras no aludían a la intrínseca relación filosófica entre la mecánica electoral y el alimento intelectual de la política en su sentido más sublime, sino a la burda utilización del 'carné de la patria' y de las bolsas de alimentos repartidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), las grandes herramientas de control político y social del régimen chavista. El que no vota no recibe la ayuda que reparte el Gobierno. Pese a ello las peores expectativas se cumplieron y la votación fue mínima. Como expresaban numerosos observadores: había más cola en las gasolineras que en las mesas electorales.

Es obvio que en el corto plazo el régimen chavista ha salido reforzado. El resultado electoral le permite recuperar el control de la Asamblea Nacional, el único poder del Estado que no estaba en sus manos. Y a la vez, le quita la legitimidad al 'presidente interino' Juan Guaidó, que provenía básicamente de su condición de líder del Parlamento. De ahí que sea importante saber qué harán en el futuro tanto el Gobierno como la oposición, partiendo de la base de que tanto uno como la otra están sumamente desprestigiados pero sin el diálogo entre las partes no habrá solución para Venezuela.

La crisis económica y política se seguirá agravando, mientras no cesa el éxodo de un pueblo que ya supera los cinco millones de personas. Y todo esto en un contexto de brutal represión por parte del Estado, según puso de manifiesto el informe de Michelle Bachelet para Naciones Unidas. Por eso resulta llamativa la petición dirigida a la Unión Europea para que cambie su política hacia Venezuela, cuando debería ser el Gobierno venezolano quien dé las primeras señales de un cambio que permita la democratización del país. Solo si se avanza en esa dirección tendría sentido una nueva postura de Bruselas. Pero, para ello, el mensaje de Caracas debería ser rotundo y con todas las garantías necesarias.