La Ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana cumplió el día 1 siete años de vigencia, y cuatro años y medio de intentos de ... reforma de su articulado por parte de los grupos parlamentarios que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez. Ello entre críticas de distintas organizaciones sociales que temen cambios menores en la norma, y las movilizaciones convocadas por asociaciones policiales en noviembre de 2021 contra la modificación de la llamada 'ley mordaza'. El más mínimo retoque de una norma orgánica requiere el voto favorable de la mayoría absoluta. La discusión pormenorizada de su articulado en ponencia está evidenciando que hasta la más mínima reforma difícilmente sumará el favor de 176 diputados. A las discrepancias entre los partidos que apoyan al Gobierno, e incluso entre los socios de la coalición, se le añaden las inconveniencias que a esas mismas formaciones les supondría aprobar una transformación cosmética inmersas como ya están en un clima electoral.
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El catálogo de las previsiones legales que pudieran ser lesivas para los derechos fundamentales en su propio enunciado o en su aplicación está claro desde hace siete años. La 'devolución en caliente' de migrantes supuestamente irregulares, la identificación de personas por motivos desconocidos, la «presunción de veracidad» de las declaraciones policiales, el alcance de la desobediencia a las fuerzas de seguridad o el de los actos y expresiones humillantes y ofensivos contra los servidores públicos precisarían una revisión jurídica que concilie la protección de la seguridad con el ejercicio efectivo de derechos y libertades sin que este último quede resentido. Pero todo parece indicar que, puestos en la balanza del cálculo político, el coste que supondría para los partidos que se opusieron desde el principio a la 'ley mordaza' dejarla como está sin modificarla durante lo que resta de legislatura, y el coste que para algunos de ellos podría entrañar el voto positivo a una reforma de mínimos, esta última eventualidad les parece más gravosa. Teniendo en cuenta además que la parte socialista del Gobierno no se muestra especialmente interesada en urgir cambios que puedan resultarle comprometedores. El ministro Fernando Grande-Marlaska declaró hace seis meses que el propósito de la reforma era «adaptar» la ley a las «exigencias» del Tribunal Constitucional y del Consejo Europeo. Luego, silencio.
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