La multitudinaria manifestación de guardias civiles, policías nacionales, autonómicos y municipales contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana confirmó la amplísima contestación por ... parte de los funcionarios públicos concernidos. Pero los poderes ejecutivo y legislativo no pueden soslayar la sentencia del Constitucional que limitó la ilicitud de obtener imágenes o datos personales a supuestos que pongan en peligro a los profesionales y sus familias. Ni desatender las indicaciones de Europa sobre el acotamiento de la «presunción de veracidad» de las actas policiales, o la permisividad hacia las manifestaciones espontáneas, entre otros aspectos. Es imprescindible que el Gobierno Sánchez deslinde expresamente la reforma legal de la profesionalidad y honorabilidad de los servidores públicos. Y sobre todo que la gobernante Unidas Podemos las reconozca al pronunciarse sobre la reforma. Hay que prevenir en la futura norma todo aspecto que pudiera dar lugar a indefensión objetiva para los agentes y evaluar los efectos reales de la legislación sobre derechos y libertades. Y urge, en todo caso, rebajar la preocupante polarización entre el Gobierno o parte de este y los servidores públicos con la apertura de un mínimo diálogo.
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