El estremecedor asesinato de dos guardias civiles en la localidad gaditada de Barbate el 9 de febrero, arrollados brutalmente por una narcolancha mucho más potente ... que su embarcación, ha desembocado en tal cadena de despropósitos que solo cabe condolerse con sus deudos y exigir al conjunto del entramado institucional que despliegue todos los medios a su alcance para hacer justicia efectiva, el obligado resarcimiento que se adeuda a las víctimas. Que la Guardia Civil haya reconocido que señaló de forma errónea a los seis detenidos acusados del crimen suma al desgarro y la frustración de las familias de Miguel Ángel González y David Pérez la injusticia añadida, que también precisará reparación, de haber imputado unos hechos de extrema gravedad a quienes no fueron sus autores. Los guardias que perdieron la vida protegiendo la costa patrullaban con recursos limitados frente a la delincuencia organizada a la que se enfrenta la ley en el entorno del Estrecho y no recibieron el calor que cabía esperar del Gobierno para el que prestaban su servicio. Ahora, el Estado de derecho está impelido a encontrar el rastro de los asesinos que llevan tres meses disfrutando de su impunidad.
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