La polémica fiscal que domina el debate político ha vuelto a demostrar la desconcertante versatilidad del Gobierno para rectificarse a sí mismo en un tiempo ... récord si cree que así puede lograr el favor de la opinión pública. Unos volantazos de los que no están exentas ni las cuestiones con mayor carga ideológica, como el diseño de los impuestos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado en apenas una semana de demonizar con gruesos calificativos cualquier rebaja en esa materia a promoverlas para las rentas de hasta 21.000 euros. En paralelo, ha creado un nuevo tributo a las grandes fortunas -reinvindicado por Podemos y descartado por el PSOE hasta hace unas semanas- y anunciado una subida «a los ricos» en contraposición a la estrategia del PP. El viraje puede tener bases razonables, como la necesidad de aplicar medidas adicionales de alivio por la escalada de la inflación a las familias con menos recursos. Pero no por ello deja de asombrar cuando ha sido precedido de una agresiva campaña contra cualquier iniciativa de esa índole con el argumento -ahora desmentido- de que implicaría recortes en el Estado de Bienestar.
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El giro del PSOE intenta aplacar la rebelión de sus barones, quienes, en un ejercicio de 'sálvese quien pueda' ante el riesgo de verse apeados del poder en las autonómicas de mayo, preparaban guiños a sus potenciales votantes en forma de deflactaciones del IRPF frente al criterio de La Moncloa. Como ha hecho Ximo Puig en la Comunidad Valenciana dinamitando la campaña del Gobierno contra el PP, están decididos a anteponer sus intereses electorales al férreo discurso contra las reducciones de impuestos abanderadas por los populares. La pirueta del Ejecutivo pretende frenarles y seducir a un sector de votantes asfixiados por la escalada de los precios. Sánchez demuestra así una vez más sus dotes de contorsionista político, capaz de contradecirse sin complejos para alcanzar sus objetivos. El PP haría bien en tenerlo en cuenta y, con más de un año de legislatura por delante, no dar por segura la victoria que le atribuyen los sondeos.
Es saludable que las comunidades de régimen común se corresponsabilicen de una parte de los ingresos con los que financian sus competencias mediante el ajuste de impuestos al alza o a la baja en función de sus necesidades o criterios ideológicos. Pero eso nada tiene que ver con la electoralista tómbola fiscal a la que asistimos, que da bazas a las tentaciones centralizadoras.
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