La reforma fiscal que se prepara en Euskadi

Fuentes de Hacienda y agentes económicos en Euskadi dan por hecho que 2023 será un año en el que afrontar esta tarea, con permiso de los resultados electorales y de cómo se dibujen los gobiernos forales vascos.

Además, la situación de las arcas forales tampoco ha apretado con urgencias a las administraciones. A pesar de las dificultades, la recaudación en este 2022 está previsto que se incremente un 7,2%, hasta un nuevo récord de 17.109 millones de euros. Y en 2021 subió un 14,4%, hasta los 15.963 millones. Registros históricos que permitieron atesorar al Gobierno vasco a comienzos de este año un remanente de más de 1.800 millones de euros.

En este tiempo, las administraciones vascas han optado por actuaciones quirúrgicas en función de las necesidades de cada momento. Medidas como aplazamientos en los pagos, deducciones específicas para los sectores más castigados o la suspensión de retenciones para empresas y autónomos han sido recursos habituales. Siempre en un contexto en el que, como señalan fuentes del Ejecutivo, «se garanticen unos ingresos que permitan desarrollar unas políticas que aseguren servicios públicos de calidad». Una exigencia que presidirá cualquier cambio fiscal.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha defendido la conveniencia de contar con ese «colchón» al que recurrir para paliar los efectos de la crisis. De hecho, 2023 comenzará con una deflactación del 2% en todos los tramos del IRPF. Un mecanismo tributario que pretende acomodar el pago de impuestos al incremento del coste de la vida. No es una bajada del tipo impositivo, pero sí aligera el pago a Hacienda. Además, se mantiene un bono fiscal de 200 euros en este impuesto para las rentas menores de 30.000 euros y que se va reduciendo progresivamente hasta las personas que generan ingresos por 35.000. En conjunto, supondrá un alivio fiscal para los vascos de unos 250 millones.

El debate es peliagudo porque los socios del Gobierno vasco y de las diputaciones, PNV y PSE, han mantenido en esta cuestión ciertos encontronazos. Se evidencian ahora con el impuesto a las grandes fortunas. Los socialistas son partidarios de aplicarlo, mientras el PNV se inclina por no hacerlo dada su irrelevancia -apenas afectaría a medio millar de contribuyentes-. En todo caso, es una forma de escapar al debate del de Patrimonio, que con este nuevo gravamen queda armonizado en toda España y descarta cambios que sí pedían empresarios en Euskadi para evitar la fuga de directivos.

La deflactación del IRPF de forma generalizada también generó roces en el 'matrimonio' político. El PSE aceptó el planteamiento a cambio del bono fiscal de 200 euros para las rentas más bajas y el pasado octubre consideraron «insuficientes las medidas». Así pues, la contienda electoral es una de las claves que retrasará a la segunda mitad del año la revisión fiscal para que no entre en vigor antes de 2024.

Las haciendas vascas, con un crédito fiscal limitado por contribuyente, mantienen la deducción por la compra de vivienda habitual que el conjunto de España eliminó en 2013. No parece que esté en juego, pero sí podría tocarse para favorecer el tratamiento del alquiler del hogar aumentando las deducciones a las rentas más bajas. Es una medida que reclama el departamento de Vivienda del Gobierno vasco para facilitar el acceso a un mercado que no baja los precios.

El ratio de cotizantes por pensionista en Euskadi está por debajo de 1,8. Junto a la llegada a la jubilación de la generación del 'baby boom' es algo que tensiona el sistema y revaloriza los planes de pensiones. Desde la Federación vasca de EPSV se reclama aumentar las deducciones por las aportaciones y mejorar las condiciones de tributación en el momento de cobrarlas. Además, para favorecer su desarrollo en la empresa se piden deducciones en el Impuesto de Sociedades por los pagos realizados por las compañías en nombre del trabajador.

Desde Confebask, su director general, Eduardo Aréchaga, señala que esperan un «análisis sereno» que llega con los compromisos internacionales para no bajar del 15% como tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades. Además, el Gobierno de España ha avanzado en la adenda de los fondos europeos el establecimiento de deducciones por inversión en I+D por 2.000 millones. La medida no afecta a Euskadi pero indudablemente marcará la regulación foral ante el efecto de localización para las empresas. La fiscalidad sostenible y alineada con los nuevos retos está pendiente de desarrollo. Solo Bizkaia ha iniciado un trabajo con la experta internacional Mariana Mazzucato para desarrollar unos impuestos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible que se ha trasladado al Órgano de Coordinación Tributaria.

Otras tareas pendientes son las criptomonedas, que siguen en el limbo pendientes de regulación.