Más de la mitad de las horas extra que se realizan en Euskadi no se pagan

Una de las claves que revela el documento es que Euskadi es la comunidad con mayor índice de horas extra no remuneradas. De las 246.598 horas adicionales que realizan los vascos semanalmente, tan solo se abonan correctamente 118.606, lo que se traduce en un índice que llega hasta el 51,8%. Tan solo la Comunidad de Madrid se sitúa cerca, con un porcentaje del 47,2%. En la otra cara de la moneda se sitúan Canarias (21,6%), Extremadura (22,6%) y Navarra (31,3%). Mientras tanto, la media nacional se fija en un 40,5%. Un problema que, sobre todo, afecta a los empleados que trabajan en oficinas, aunque también está muy presente en la educación, información y comunicaciones, transporte u hostelería.

No es fácil encontrar el por qué de una diferencia tan marcada entre comunidades pero de todas formas, una de las principales lecturas es que el registro horario que entró en vigor en 2019, nacido para obligar a las empresas a registrar tanto la hora de entrada como de salida de cada trabajador –así como sus descansos–, ha desatado una oleada de protestas sindicales por su ineficacia, quienes denuncian jornadas abusivas en muchas ocasiones.

Después de que la medida estrella de esta legislatura, la reducción de jornada impulsada por Yolanda Díaz, no superase su toma en consideración en el Congreso de los Diputados a principios de septiembre, la ministra de Trabajo elevó el pulso acelerando la tramitación urgente del nuevo registro horario digital obligatorio. Se trata precisamente de uno de los elementos centrales que contemplaba el proyecto para reducir la jornada y que no precisa de aval parlamentario –aunque será el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien tenga la última palabra–. La principal novedad será su obligatoriedad digital. «Se acabaron los papeles firmados en blanco o fichar cuando lo diga tu jefe», afirmó Díaz.

Por lo tanto, en el caso de que esta norma progrese y sea finalmente aprobada, todas las empresas y autónomos deberán llevar un control digital y fiable de las horas de sus empleados, además de contabilizar las horas extraordinarias, con el fin de evitar así el fraude.

Pese a ello, las prisas de Díaz para aprobar esta medida le impedirán aumentar las sanciones a las empresas que incumplan la obligación, ya que resulta imposible modificarlas mediante Real Decreto. Es decir, sin el aval parlamentario, las multas quedarán estancadas en una horquilla desde los 751 hasta los 7.500 euros por compañía (siendo esta última cifra la más común) y no por cada trabajador que tiene la empresa en cuestión, que era una de las grandes prioridades de la ministra de Trabajo.