El Gobierno vuelve a la carga en su intento de que Indra sea accionista de la vasca ITP

Indra estudiará la operación en un consejo de administración extraordinario. ITP tiene su sede principal en la localidad vizcaína de Zamudio, está dedicada a la fabricación de componentes para motores de aviación, fue la joya de la reindustrialización que siguió a la debacle industrial de los sectores siderúrgico y naval a principios de la década de los años 90 y en la actualidad está controlada por el fondo norteamericano Bain.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado además nuevos pasos adicionales para configurar a Indra como el vértice de la industria nacional de defensa. Tras la incorporación en su accionariado de Sapa, la firma guipuzcoana especializada en blindados que adquirió a crédito el 5% de las acciones, ha sido ahora la ingeniería Escribano la que ha anunciado la compra de un 3% y su deseo de escalar en un futuro hasta el 10% de la empresa presidida por Marc Murtra.

Todos estos movimientos están ligados al deseo del Ejecutivo de crear un grupo nacional potente en al industria de defensa -ese que se denomina un 'campeón nacional'-, pero también al aumento del presupuesto público de gasto en esta materia. La invasión rusa de Ucrania ha despertado el interés de los países de occidente por un rearme militar que parecía haber entrado en fase de letargo.

En el caso de Indra -también de ITP- hay una 'zanahoria' que mueve buena parte del interés y que está centrada en el programa FCAS. Es el diseño y construcción de un nuevo avión de combate europeo y de sistemas electrónicos de apoyo, promovido por Francia, España y Alemania, que debe sustituir al actual Eurofighter. Su presupuesto para los próximos seis años -y esto no es nada más que la punta del iceberg- está estimado en 8.000 millones de euros.

El Gobierno central e Indra tienen prisa por resolver la entrada en ITP, porque además de ser una china en el zapato que duele desde hace más de un año -todos los intentos se han saldado con un fracaso-, corren los plazos. En septiembre del pasado año Bain adquirió las acciones de ITP a Rolls Royce por las que pagó 1.625 millones de euros -tras cobrar un dividendo extraordinario de 100 millones-, dejó el 6% en manos del Gobierno vasco y en torno a un 8% lo cedió a un grupo de inversores financieros españoles liderado por JB Capitals.

Bain también reservó, por expreso deseo del Gobierno, otro paquete de acciones que algunas fuentes sitúan en torno al 13% para la hipotética entrada de Indra con varias 'ventanas' para materializar la operación. La primera, en la que Bain se comprometía a mantener la valoración de ITP en términos idénticos a los que pactó con Rolls, venció el pasado 31 de diciembre. La crisis interna desatada en Indra y el descalabro de su consejo de administración impidió cerrar la compra.

La segunda 'ventana' vence el próximo 30 de junio, ya que Bain se ha comprometido a reservar las acciones de ITP hasta esa fecha, aunque con la condición de renegociar el precio al alza. A partir del 30 de junio no existiría compromiso alguno por parte del fondo norteamericano, si bien fuentes cercanas al proceso apuntan como «muy probable» que haya una extensión de ese plazo durante algunos meses adicionales.