Iberdrola pagará un dividendo extra a sus accionistas por participar de forma masiva en su junta

Ignacio Galán ha conseguido hoy un ambicioso objetivo que se había marcado desde hace meses, con un llamamiento especial para que en la junta de accionistas participase, de forma directa o bajo representación, más del 70% del capital social. Los datos oficiales de la junta de accionistas han reflejado la participación de accionistas que representan el 72,13% del capital, lo que supone seis puntos más que en la convocatoria del pasado año. Ese porcentaje significa que han participado en la junta un total de 71.400 accionistas, la mayor parte de ellos de forma telemática o mediante la delegación de voto en el presidente.

La compañía había alentado ese plus de participación con una 'zanahoria' económica y una reforma de estatutos. Así, se incluirá ya en el gobierno corporativo de la compañía la condición de que siempre que se supere el 70% de participación en las juntas habrá un dividendo extraordinario. Este año será de 1 euro por cada 200 acciones.

El resultado de la junta de accionistas supone, además, un respaldo importante a la estrategia de negocio de la compañía y también hay que entender con ello que a la gestión del presidente, por muchas polémicas en las que se haya visto envuelto. Algo más de 98% de los asistentes a la junta ha respaldo la gestión del último ejercicio, lo que supone recibir un respaldo explícito de casi el 71% del capital social de la compañía. Un porcentaje elevado y poco habitual.

El dividendo extraordinario se sumará a los 0,44 euros por acción que la compañía abonará –una parte la ha pagado ya a cuenta- como dividendo con cargo a los beneficios de 2021. El presidente de la compañía ha asegurado que en los próximos años seguirá creciendo la remuneración a los accionistas. Además, la junta ha aprobado la recompra y amortización de acciones, en una operación que permitirá reducir el capital social en aproximadamente un 3%. Una operación que supone también una retribución indirecta a los accionistas.

Por otra parte, Galán ha puesto énfasis en señalar que la compañía pagó el pasado año 7.836 millones de euros en impuestos en todos los países en los que desarrolla su actividad, lo que supuso un aumento del 5% en comparación con el ejercicio anterior.

A nadie se le escapa que el presidente de la compañía había alentado esta participación masiva, difícil de alcanzar en compañías cotizadas que tienen decenas de miles de accionistas repartidos por todo el mundo, en un momento muy delicado. Ignacio Galán ha estado durante el último año en el centro de un pequeño terremoto, condicionado por su imputación en el 'caso Villarejo', las tensiones con el Gobierno en torno a la intervención del mercado eléctrico y polémicas suscitadas por algunas declaraciones suyas. En especial aquella en la que aseguró que «sólo los tontos pagan la tarifa regulada» en el recibo de la luz, que le valió numerosas críticas, incluso del Gobierno. La vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconoció sentirse «abochornada» por esas manifestaciones.

Galán ha tenido hoy una intervención inusualmente corta en el arranque de la junta de accionistas, con un breve discurso en el que ha repasado las cifras conocidas del pasado ejercicio y ha puesto en valor el éxito de la participación masiva. El presidente de la compañía eléctrica ha eludido hoy cualquier referencia a los temas candentes y sobre los que la empresa ha marcado una clara opinión en los últimos meses. Así, no ha hecho referencia alguna a la intervención del precio de la electricidad con el tope y la subvención del consumo de gas en las plantas de ciclo combinado –algo sobre lo que mantienen una postura muy crítica-, tampoco en torno a las presiones para que «arrimen el hombro» y rebajen de forma temporal sus ofertas de contratos estables y menos aún a las insinuaciones sobre un recargo especial en el Impuesto de Sociedades. Una opción que, al parecer, estudia el Gobierno de Pedro Sánchez para implantarla en 2023.

En el turno de preguntas, el presidente de Iberdrola ha insistido en respaldar la estrategia de descarbonización que impulsa la Unión Europea, con la que se ha mostrado alineado sin fisuras, al tiempo que ha reiterado la voluntad de la compañía para mantener un alto nivel de inversiones en la generación renovable. Así, ha detallado que Iberdrola tiene programadas inversiones por un importe de 10.000 millones de euros para los próximos cuatro años en la eólica marina. También se ha mostrado convencido de que una reclamación judicial presentada por la empresa permitirá desbloquear la compra de la compañía norteamericana PNM, paralizada por un informe negativo de las autoridades de Nuevo México. En ese informe se desaconsejaba la operación debido a los problemas que tiene Iberdrola en España en el procedimiento judicial del 'caso Villarejo'.

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