ELA y LAB presentan 138.000 firmas al Parlamento para que Euskadi pueda fijar su salario mínimo

Esta segunda vía quiere esquivar la falta de diálogo social con la patronal vasca. En febrero Confebask cerró la puerta a la negociación solicitada de forma unánime por todos los sindicatos vascos, una salida que contaba también con el apoyo del Ejecutivo autonómico al ser la única opción que entra dentro del marco competencial actual.

Con la presentación de las firmas ELA y LAB han querido dar ahora ese primer paso formal para impulsar la iniciativa. Como han explicado, contaban con casi otros tres meses para recoger apoyos, aunque al llegar al verano con los objetivos ya cumplidos han optado por presentarlas este mismo mes para que en septiembre pueda iniciarse el debate. De esta forma, ahora queda en manos de los partidos políticos su pronunciamiento sobre si tienen la voluntad o no de impulsar esta vía.

ELA ha solicitado a todas las formaciones políticas que tramiten «cuanto antes» la proposición de ley y han señalado que los apoyos recogidos entre los trabajadores evidencian que Confebask «no es capaz de satisfacer las aspiraciones de la gente que trabaja en las empresas». «Son 138.000 razones en contra de la pobreza laboral, en favor de la cohesión social, en contra de la brecha salarial y para que Confebask se siente en una mesa y acepte negociar un salario mínimo propio», ha manifestado su responsable de negociación colectiva, Pello Igeregi. Según ha apuntado, tras la movilización social realizada para reunir los apoyos, a partir de otoño pondrán en marcha una nueva fase para que la voluntad manifestada por la clase trabajadora «sea respetada por todos los ámbitos institucionales».

Por su parte LAB ha puesto en valor la «impresionante» respuesta de la ciudadanía al sumar sus apoyos. Su responsable de acción sindical, Oihana Lopetegi, ha avanzado que «después de que se acredite que hemos registrado las firmas necesarias, se tramitará la ILP con una propuesta de ley ordinaria y son los partidos políticos quienes tendrán que decidir si la avalan o no», por lo que ha apelado a los distintos grupos a que «acepten» y «escuchen» a los trabajadores, a fin de que la medida «pueda culminar todo su recorrido». «Respecto a Confebask no hay ninguna novedad. Vamos a seguir trabajando a favor del acuerdo interprofesional, interpelando a la patronal y luchando para que se siente y negociemos. También para conseguir nuevas competencias como hacemos ahora, porque por una vía y otra lo vamos a conseguir», ha añadido.

Los sindicatos han reconocido que tras realizar una ronda de contactos todavía no tienen «ninguna certeza» respecto al apoyo parlamentario que podrá recibir la ILP, aunque han asegurado que no valoran otra opción que no sea su aprobación. Su meta final es que modifique el Estatuto de los Trabajadores para que cada comunidad autónoma pueda establecer un SMI acorde a su realidad social.

El pasado mes el Gobierno vasco presentó los resultados del estudio técnico que habían contratado para ofrecer «una propuesta orientativa» y «arrojar luz» -en palabras del vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres- a los agentes sociales, dentro del debate abierto en torno a un salario mínimo acorde a los costes de vida en Euskadi. El informe, que sugería una horquilla de entre 1.268 y 1.385 euros (por debajo de los 1.500 euros en 14 pagas mensuales que planteaban ELA y LAB) advertía también que la apuesta por subir el salario mínimo de convenio dejaría fuera a muchos colectivos, puesto que los sueldos más bajos se concentran en la contratación a tiempo parcial y en los trabajadores sin convenio como las empleadas de hogar. De esta forma insataban a extender el paraguas de estas negociaciones a más sectores.

Un día después de la presentación formal del estudio (el 17 de julio), Confebask reiteró su negativa a abrir una negociación si no es en el marco del diálogo social y vinculada a otros elementos que afectan a la competitividad como el absentismo. En la patronal vasca manifestaron que «no tiene sentido debatir sobre la cifra» propuesta en el informe encargado por el Gobierno vasco, al ser la mesa de diálogo social el escenario en el que se debe abordar este tema. La organización que preside Tamara Yagüe ya venía manifestando también que no es el momento adecuado para abordar la implantación de un salario mínimo vasco tras haberse incrementado el SMI en un 61% desde 2018, una evolución que bajo su punto de vista estaría lastrando la competitividad de las empresas por el aumento de los costes laborales.