El Defensor del Pueblo reclama a Aburto explicaciones sobre el ruido nocturno en Abando

El asunto tiene su origen en un proceso iniciado en abril de 2022 por la asociación vecinal Uribitarte Anaitasuna, muy activa en la reivindicación del derecho al descanso frente al jaleo del botellón (en Jardines de Albia, Doña Casilda, Uribitarte...), de las zonas hosteleras más masificadas (Pozas, Ledesma, Heros...) y del entorno de discotecas (Stage Live, Black Room, Fuga, Antzokia...). Los residentes pidieron amparo al Defensor del Pueblo, competente en dirimir conflictos entre administración y administrados. En este caso, los vecinos creen que el Ayuntamiento hace dejación de funciones y no ataja los problemas que les impiden descansar varios días a la semana.

Así que Gabilondo envió al Consistorio una petición de información muy concreta para conocer su postura. Pero la respuesta fue vaga y fragmentada. Por un lado, el subárea de Medio Ambiente le habló de los sonómetros y del proceso para diseñar una zona de protección acústica; y por otro lado la dirección de Espacio Público respondió con formulaciones poco concretas como que hace falta que «se preserve el espacio público como lugar de convivencia en el espacio público» y que «la actividad municipal potenciadora de los valores cívicos se ha de traducir necesariamente en la consecución de una ciudad más amable y agradable tanto para los vecinos y vecinas como para las personas que la visiten».

No considera el Defensor del Pueblo que se le haya respondido a sus preguntas, y así se lo ha hecho saber al Ayuntamiento: «Se ha indicado a la alcaldía que no aporta la información requerida acerca de la postura que actualmente mantiene la Administración municipal en relación con el problema planteado en el distrito de Abando y, lo que es más importante, cómo piensa resolverlo, que es la cuestión que verdaderamente interesa a esta institución».

En la resolución, a la que ha tenido acceso EL CORREO, recuerda que los poderes públicos deben velar «por la correcta utilización del espacio público» y deben «dotarse de los medios necesarios para garantizar los derechos constitucionales a vivir dignamente». Señala además Gabilondo que «de nada sirve establecer en una norma la prohibición del botellón o de no utilizar amplificadores que superen los 70 decibelios si nadie supervisa y controla estos comportamientos molestos».

Apunta al Ayuntamiento de Bilbao como competente para «adoptar las medidas correctoras» y le pide que, de no estar tomándolas en la actualidad, informe sobre qué planes tiene para hacerlo. Los vecinos están muy satisfechos con esta resolución del Defensor del Pueblo, y el Consistorio asegura que está preparando una respuesta «unitaria y coordinada».