Nueve promotoras de pisos públicos piden más de 5 millones al Gobierno por el alza de precios

Estos problemas se están percibiendo con especial virulencia en la promoción privada, como ha quedado reflejado en la paralización de las obras de la quinta torre de Garellano. Las empresas que trabajan para el sector público sufren también por la crisis de suministros y el alza de los precios, pero sus dificultades se han visto mitigadas por el Real Decreto del Gobierno central aprobado el pasado año para revisar al alza hasta en un 20% el importe de las obras adjudicadas por las administraciones. Esta medida excepcional, cuya vigencia termina este mes, según fuentes de la patronal, fue desarrollada el pasado abril por el Gobierno vasco con el objetivo de ayudar a las constructoras con trabajos a lo largo de los dos últimos ejercicios y que hayan sufrido subidas en los materiales que superen el 5%.

En este contexto, el Departamento de Vivienda, uno de los organismos públicos que más obras saca a concurso, cifra en 28 las promociones de pisos públicos (5 están ya acabadas), adjudicadas en un primer momento por 206 millones de euros, que pueden verse afectadas por este mecanismo de revisión de precios. De momento, se han presentado nueve reclamaciones (5 de ellas en Bizkaia) correspondientes a los ejercicios de 2021 y 2022. Una de ellas, relacionada con una promoción de pisos en Vitoria, está siendo examinada y no ha recibido todavía el visto bueno. Sin embargo, durante el 2023 pueden autorizarse bastantes más peticiones de las empresas que ya tenían las obras en marcha porque las revisiones se realizan anualmente.

Fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se mostraron muy preocupados por este problema. En este sentido, alertan de que, en términos generales, hasta junio de 2022 el precio del acero había subido un 81%, el del aluminio un 72% y los gastos de la energía un 102%. También advierten de que las disoluciones de constructoras han aumentado un 17% y los concursos de acreedores un 28%.

Por todo ello, solicitan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su «intervención personal» para llegar a un acuerdo que permita la «prórroga de este sistema». En caso contrario, auguran una «oleada de disoluciones» de empresas y de licitaciones que queden desiertas. Desde la Asociación de Constructores de Bizkaia (Ascobi) no quisieron realizar declaraciones sobre los problemas que atraviesa el sector por el alza de los precios.