Una oleada de sentencias pone en jaque las adjudicaciones del puerto de Plentzia
El Gobierno vasco «recurrirá los autos judiciales» que piden anular la concesión de las plazas por «falta de transparencia»
Una oleada de sentencias a favor de los amarristas que denunciaron irregularidades en la adjudicación de las 204 plazas ofertadas en el pantalán de Plentzia podría poner en jaque la durabilidad de la resolución firmada hace dos años por la directora de Euskadiko Kirol Portuak -sociedad pública encargada de la gestión de los muelles en la comunidad autónoma-, en la que se concedieron, por quince años, los atraques del recién ampliado puerto de la villa marinera.
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En total son cinco los autos judiciales que piden al Gobierno vasco anular dicha resolución por «haber tomado en consideración criterios que ni estaban en las bases, ni en la orden general de 2017». «El principio de transparencia y publicidad exige que los participantes conozcan los criterios de asignación de plazas de antemano y no se introduzcan nuevos una vez que se han presentado las instancias, algo que no se ha cumplido, ya que todo ello puede provocar una predeterminación de las embarcaciones finalmente adjudicatarias», recoge la última sentencia a la que ha tenido acceso a EL CORREO, firmada por el magistrado del contencioso-administrativo número 2 de Bilbao, un juzgado distinto al de los últimos fallos hechos públicos.
A la espera de que se puedan dar a conocer más autos -los titulares llegaron a registrar más de 80 recursos de alzada, además de las demandas posteriores por la denegación de los mismos- el departamento de Desarrollo Económico liderado por Arantxa Tapia ha confirmado a este periódico que «recurrirá a las sentencias», sin querer hacer valoraciones sobre la polémica que salpica el municipio.
La guerra por las plazas estalló el 14 de abril de 2021, cuando EKP publicó qué titulares habían conseguido un amarre. Por aquel entonces, aquellos que no fueron agraciados, criticaron que el organismo había tomado en consideración la manga máxima de los barcos, un factor que «no estaba recogido en las bases de la convocatoria», como sí lo estaba la distancia entre fingers – ramificaciones de los pantalanes que sirven para delimitar el espacio entre las embarcaciones atracadas– o la eslora, mediciones que materializan que el barco ocupa el 90% de la lámina de agua. La dura oposición de los navegantes hacia la resolución es ahora apoyada por la Justicia, que pide al Gobierno vasco dar marcha atrás y anular la convocatoria en su totalidad.
Sin opciones de plaza
Los amarristas advirtieron que la aplicación de este nuevo criterio ha «provocado que los barcos pierdan la prioridad que les corresponde y se les sitúe a la cola de embarcaciones de la categoría siguiente, donde no tienen ninguna oportunidad para conseguir plaza» y denuncian que no se hayan podido reunir en ninguna ocasión con responsables que operen en el puerto. «No hemos tenido otra opción que acudir a la vía legal», reconocen varios afectados.
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Otra de las sentencias publicadas recientemente por el contencioso-administrativo número 2 de Bilbao recoge que EKP ha valorado de forma distinta a «navíos que se ajustan por igual a las dimensiones de las plazas de amarre, respetan en los mismos términos los márgenes de maniobrabilidad y ocupación de lámina de agua, resultando unos adjudicatarios y otros relegados a categorías donde son nulas sus posibilidades de concesión», algo que la administración justifica remarcando que esa medición es la «única manera de garantizar que los límites sean iguales para todos».
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