El desahucio de Rosa en Astrabudua no tiene fin

Desde hace dos semanas, según este relato, los dos jóvenes están siendo presionados de forma constante con la advertencia de que deben abandonar la casa en menos de 24 horas. Además, se les ha ofrecido una compensación económica de 7.000 euros para que se marchen de forma voluntaria. Paradójicamente, es la misma cantidad de dinero que, ocho años atrás, empujó a Rosa a firmar un préstamo que acabaría costándole la casa al no poder pagar los elevados intereses. Los ahora propietarios habían mostrado su voluntad de poner el piso en alquiler, algo que no han podido llevar a cabo por la presencia de los dos okupas.

El caso de esta jubilada de Erandio se hizo público el año pasado, cuando más de un centenar de personas se concentraron en la calle Aldaieta Bidea para tratar de impedir el desahucio, que finalmente fue ejecutado por la Ertzaintza. La mujer, que había vivido en la casa durante 40 años, había solicitado el crédito colocando como aval su única propiedad. La deuda se disparó hasta los 60.000 euros, una cifra imposible de asumir con su pensión. A pesar de haber denunciado las «cláusulas abusivas» del acuerdo, la resolución judicial favoreció a la compañía y autorizó la entrega del inmueble.

Desde el incidente, Rosa reside en un piso del Ayuntamiento de Erandio, con una estancia inicial de seis meses prorrogable por otros seis. Sin embargo, la situación de su nieto y su amigo quedó entonces en el aire, lo que, según el Sindicato de Vivienda de Uribe Kosta, provocó que ocuparan su antiguo hogar.

La organización denuncia que «este caso es otro ejemplo del negocio de los créditos abusivos y de la especulación inmobiliaria, en la que prestamistas se aprovechan de familias vulnerables para obtener beneficios rápidos a costa de sus hogares».