La huelga de la concertada afecta a 130.000 alumnos hasta el jueves

Los días de huelga, no obstante, los colegios permanecerán abiertos para que puedan acudir tanto los alumnos como los profesionales que decidan no secundar la huelga. El Gobierno vasco establece unos servicios mínimos obligatorios. En todo momento deberá haber una persona del equipo directivo y otra de la plantilla de subalternos durante toda la jornada. Además, habrá un profesor por cada cien alumnos en las etapas de Infantil y Primaria. En ESO, Bachillerato y Formación Profesional la orden del departamento de Trabajo únicamente exige que haya un profesor, independientemente del tamaño del colegio. A los centros de educación especial deberá acudir la mitad de la plantilla.

Se espera que la protesta esté secundada por un alto porcentaje del profesorado, que está convocado este martes por la mañana en la puerta de los diferentes colegios de Bizkaia. Ante esta realidad, son centenares los alumnos que pasarán el día en su casa en vez de en el colegio. Según ha podido consultar este periódico en diferentes centros educativos, la resistencia de los padres por acercar a sus hijos a los centros aumenta conforme estos son más jóvenes.

La convocatoria afecta a los 122 colegios religiosos agrupados en Kristau Eskola, la principal patronal de la enseñanza concertada. Algunos de sus centros son Jesuitas, Urdaneta o Escolapios, en Bizkaia; o Egibide en Vitoria. También están implicados los 46 centros de Aice-Izea (entre ellos se encuentran el colegio Americano de Bilbao, el Europa de Getxo, Virgen Niña de Vitoria, Munabe o Ayalde, de Loiu) y algunos centros diocesanos. En total, unos 200 colegios. Las ikastolas pertenecientes a Ikastolen Elkartea, así como otras cooperativas como Lauaxeta o Lauro están fuera del conflicto al tener convenio propio, firmado con LAB, que tiene la mayoría absoluta.

Las centrales ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT -las únicas con capacidad de negociación al superar el 10% de representación entre los trabajadores- denuncian el «inmovilismo» de las patronales implicadas, Kristau Eskola y Aice-Izea, y las acusan de «bloquear» las negociaciones para la renovación del convenio, que debería estar vigente entre 2022 y 2024. El pasado 26 de abril ya tuvo lugar una primera jornada de paros. El anterior convenio, el de 2019 al 2021, se pactó tras 29 jornadas de huelga a lo largo de tres años y fue necesaria la mediación del Gobierno vasco. Los sindicatos, de hecho, han interpelado al Ejecutivo para que se implique en el conflicto y solicitan una reunión con el departamento de Educación.

Los trabajadores llevan con el convenio desactualizado desde 2021. A grandes rasgos, las centrales reclaman medidas para aliviar la carga de trabajo, mejoras para los sectores «más feminizados y precarizados», la actualización de los salarios de acuerdo con el IPC, el mantenimiento de los puestos de trabajo ante la caída de la natalidad, mejorar las condiciones en la Formación Profesional, cambios en la contratación temporal y en la fija discontinua y algunas condiciones relacionadas con la salud laboral. También exigen planes de euskera para toda la plantilla, incluido el personal no docente, y planes de igualdad.

Entre mayo de 2022 y febrero de este año se han celebrado trece reuniones para tratar de desbloquear la negociación. No ha habido ningún encuentro desde entonces. Los sindicatos aseguran que las patronales «dejaron muy clara su intención de no hacer ninguna propuesta sobre contenidos». Kristau Eskola, por su parte, aseguró haber presentado «dos propuestas de contenidos», en ambos casos «rechazadas» por las centrales.