Galán plantea el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, acaba de anunciar en público en Bilbao que ha solicitado a Endesa, su socio en Nuclenor, el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, que lleva parada desde diciembre de 2012. A su juicio, no tiene sentido mantener en activo una instalación que da pérdidas, como el resto de las centrales aún operativas en España, porque el 50% de sus ingresos se destina a pagar las obligaciones que impone el Gobierno como garantía de seguridad. Garoña es la central más antigua de España, ya que fue abierta en 1971.

Galán ha hecho el anuncio ante la junta de accionistas de la multinacional, que se celebra en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína. Supone dar oficialidad al informe elaborado por Nuclenor, la empresa propietaria de la central y participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, desvelado el pasado sábado por EL CORREO y que considera inviable económicamente la reapertura de la central nuclear, que supondría 250 millones de euros de inversión. Este documento ya ha sido traslado al Gobierno de Mariano Rajoy.

La central ubicada en el valle de Tobalina, en Burgos, da trabajo a 1.500 familias gracias a sus 700 empleos directos y 800 indirectos. El accidente de Fukushima, la posterior regulación internacional de seguridad y los nuevos impuestos han llevado a Garoña a una crisis de la que no se ha recuperado.

Periodo de consultas

El Gobierno ha abierto un periodo de consultas sobre la reapertura de Garoña y se ha dado un plazo de seis meses antes de tomar una decisión final. No obstante, según las fuentes consultadas, Nuclenor ya habría anticipado al Ministerio de Energía su conclusión sobre la inviabilidad económica de la planta.

La central de Garoña dejó de estar operativa el 1 de enero de 2013, aunque entró en parada el 16 de noviembre de 2012. Han pasado más de cuatro años y desde esa fecha hasta el cierre del ejercicio pasado Nuclenor ha invertido 330 millones de euros en labores de mantenimiento necesarias de cara a una posible reapertura, que nunca podría ser antes de enero de 2019. La propietaria de Garoña registró el año pasado unas pérdidas de 67 millones de euros.

El Consejo de Administración de Nuclenor no ha adoptado todavía una decisión formal sobre el futuro de la central nuclear. No tendrá que hacerlo hasta que el Gobierno decida si da o no el permiso para reabrir Garoña. El informe del Consejo de Seguridad Nuclear en el que permite que se alargue la vida útil de la central si se realizan las inversiones exigidas para garantizar la seguridad no es vinculante (lo sería si indicara que no es seguro operar la central), por lo que la autorización es decisión del Ejecutivo. En todo caso, si el Gobierno de Rajoy optara por permitir que Garoña volviera a producir energía, la decisión última correspondería a Nuclenor, a la que no le salen los números para que la central sea rentable.

Primer peldaño

Más allá de las consideraciones estrictamente empresariales y financieras, el Ministerio de Energía quiere implicar a los partidos políticos de la oposición en la decisión que tome el Gobierno sobre la reapertura de la central o su cierre definitivo, como todo parece. El departamento que dirige Álvaro Nadal va a utilizar el plazo del que dispone para «negociar con los partidos, las comunidades autónomas y los agentes implicados», según fuentes del departamento de Energía.

El ministerio, donde niegan que se haya negociado con el PNV el cierre de Garoña a cambio de su apoyo para los Presupuestos del Estado, insiste en que el debate sobre la central es sólo «un primer peldaño» de cara a otras decisiones similares que se deberían tomar a medio plazo, como la autorización para que Almaraz (Cáceres) cuya vida útil expira en 2020 también siga en funcionamiento. Después les llegaría el turno a Vandellós (Tarragona), también en 2020; Cofrentes (Comunidad Valenciana) en 2021; Ascó I y II (Tarragona) en ese mismo ejercicio; y Trillo (Guadalajara), en 2024. Ante esta coyuntura, «puede ser un debate central por central o grupal sobre el futuro del sector», apuntan fuentes gubernamentales, donde alegan que al estar en un Ejecutivo en minoría, es recomendable una posición negociada.