Desestiman la demanda de la Fiscalía vasca contra la banca por la deuda perpetua

Desde que estalló el conflicto de las aportaciones subordinadas, allá por 2012, los afectados han solicitado en múltiples ocasiones la intervención del fiscal para que siguiera el ejemplo de su homólogo gallego, que actuó contra las preferentes de Novagalicia. Aunque con el tiempo se vio que la vía idónea para recuperar el dinero eran las demandas individuales, se mantuvo el empeño de exigir soluciones colectivas, ya que el problema alcanza a 40.000 ahorradores que invirtieron 845 millones de euros. La asociación Minduak llegó a recabar 5.500 firmas para instar a la apertura de una investigación judicial sobre la comercialización de este producto.

Para atender estas reclamaciones, Calparsoro presentó a principios de julio del año pasado una demanda colectiva contra las principales entidades comercializadoras: Santander, BBVA, Laboral Kutxa, La Caixa y Kutxabank. En ella solicitaba una acción de cesación, además de la nulidad de todos los contratos «debido a la práctica generalizada de venta del producto con defectos de información».

Los motivos

Casi nueve meses después, llegó la tajante respuesta de la juez Silvia Martín: la demanda no se sostiene. Son varios los motivos que alega para justificar su inadmisión a trámite. Así, explica que desde los cambios normativos de julio de 2015 el órgano competente sería un juzgado de lo Mercantil. Advierte, asimismo, inconcreciones en la denuncia puesto que se solicita «la cesación de cualquier actuación que no corresponda a una adecuada información». Recuerda, en este sentido, que las aportaciones se dejaron de comercializar en 2007.

La juez tampoco ve bien cómo se plantea la acción de nulidad por vicio en el consentimiento. Sostiene que las acciones se deben de presentar de forma individualizada para estudiar cada caso; que el Ministerio Fiscal no está legitimado para el ejercicio de esta acción y que hay indeterminación respecto de los perjudicados. No se precisa si las 5.500 firmas pertenecen a afectados o a ciudadanos solidarizados con la causa.

Esta demanda no ha tenido éxito, pero otras sí. El Juzgado número 3 de Bergara admitió a trámite la demanda presentada en diciembre de 2015 contra la Corporación Mondragón por 959 exsocios de Fagor, agrupados en las organizaciones Eskuratu y Ordaindu, que reclaman 47,8 millones de euros.