Balmaseda ensaya la recuperación de servicios públicos externalizados

Ya está dado el primer paso en esa dirección. Ayer a medianoche concluyó la consulta a la ciudadanía para que se pronunciase sobre el asunto. La votación arrancó el miércoles 'online' y el jueves en el formato presencial. El alcalde, Aitor Larrinaga, de la formación independiente CLI -que gobierna con el apoyo de EH Bildu-, admite que la participación no va a ser para nada extraordinaria. «Esperamos alrededor de 500 votos». Supone menos del 10% del censo y «una sexta parte de las algo más de 3.300 personas que votaron en las elecciones generales de 2020».

¿No es una base escasa para respaldar un volantazo de esta naturaleza en las políticas públicas? El alcalde es comprensivo con lo que se parece mucho a cierto desinterés de la ciudadanía. «Sabemos que en consultas de este tipo, que no son vinculantes, la participación suele ser escasa», comienza. Pero también se refiere a otra variable: «Sólo nosotros y EH Bildu (quienes apuestan por volver al servicio público) hemos llamado a votar; pero no lo han hecho ni PSE ni PNV. Esto es un pueblo y si te ven entrando ya te estás pronunciando de alguna manera».

Estando así las cosas, la lógica apunta a que, como en todas las consultas de este tipo, quienes depositen su papeleta serán adeptos a la causa. De manera que no es arriesgado vaticinar que el 'sí' será mayoritario -el resultado final se conocerá a lo largo de esta semana-. ¿Será ese resultado mimbre suficiente para arrancar con el proceso? «Dependerá del número de participantes que finalmente tenga la consulta», aplaza Larrinaga. Y, en todo caso, el paso siguiente se daría después de las elecciones de mayo porque no es plan de comprometer a una nueva corporación que está por llegar. Si se decidiese entonces continuar adelante arrancaría un recorrido administrativo que incluiría «informes de viabilidad económica y jurídica» y que se prolongaría durante «año y medio o dos años».

Pasado ese tiempo, habría que analizar si es posible culminar el proceso de reversión a la esencia pública del servicio. «Sólo se podría remunicipalizar si el coste fuese más barato que ahora (165.000 euros al año)», admite el alcalde. Eso es lo que recoge la normativa que vela por la eficiencia financiera de las administraciones públicas.

¿Hay alguna posibilidad de que trabajar con funcionarios sea más barato que hacerlo con una contrata? «Hay que tener en cuenta que la empresa tiene un beneficio industrial y paga IVA, mientras el Ayuntamiento no lo hace». En cualquier caso, todo esto lo determinará el estudio de viabilidad económica, si es que el proceso llega a ese punto.