Casi 50.000 familias vizcaínas en situación precaria reciben ayudas para subsistir

Para analizar la incidencia de la pobreza, entendida como una situación en la que una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas, vayamos primero a las ayudas públicas, un buen termómetro porque permiten conocer, más o menos, cuántas personas no podrían hacer frente a pagos de primera necesidad por su cuenta. Partimos de la tesis de Alfonso López, coordinador a nivel del País Vasco de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y contra la Exclusión Social (EAPN), de que «nadie sabría decir qué tipo de ayudas hay en Euskadi y para qué» porque existe «una red de prestaciones muy amplia, pero muy poco unificada». Con esos mimbres es difícil conocer con detalle cuántas personas reciben apoyo económico, pero se puede intentar.

La prestación que más cubre, uno de los cimientos del sistema de protección social, es la Renta de Garantía de Ingresos. Entra en algo más de 34.000 hogares vizcaínos compuestos por en torno a 57.000 personas. Con las 6.500 familias que perciben el Ingreso Mínimo Vital nos ponemos en más de 40.000, a las que hay que sumar las 2.554 que reciben los bonos de alimentación del Gobierno vasco Hitzartuz, repartidos por Cruz Roja a hogares en una situación de vulnerabilidad «extrema» porque no tienen acceso a IMV, RGI o AES. Casi 8.000, integradas por 24.250 vizcaínos, recurren también al Banco de Alimentos, y en la mayoría de los casos no tienen otras ayudas. Rondamos las 50.000.

Otro de los pilares de la protección social es la Prestación Complementaria de Vivienda (14.187 expedientes, la mayoría vinculados a perceptores de RGI). Y también están las Ayudas de Emergencia Social, que las entregan los ayuntamientos, con fondos propios y del Ejecutivo autonómico, y que el año pasado llegaron a 21.910 hogares del territorio (en los que residían 40.473 personas), un 31,7% más que en 2019. Estas son aportaciones puntuales para gastos urgentes y extraordinarios compatibles en algunos casos con otras prestaciones, por lo que en principio no es posible sumar esta cifra a otras.

«El año pasado llegamos a los tres millones de euros en ayudas directas, que a veces son para comer, y por lo tanto incompatibles con otras prestaciones», explica Ana Sofi Telletxea, responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Bizkaia, que introduce así otro factor en las cuentas para erradicar la pobreza: las aportaciones que hacen las ONGs y organizaciones sociales.

Asumen las entidades una parte muy importante del apoyo económico, pero también del asesoramiento a los colectivos que peor lo están pasando. En Bizkaia, según el barómetro del Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi, hay 94.670 voluntarios en 2.395 organizaciones. No todas se dedican a la exclusión social, aunque el documento recoge que, en torno a un 10,9%, tienen como grupo prioritario de atención a las personas en situación o riesgo de pobreza.

En cada caso hacen una suerte de puzle en el que, en palabras del coordinador de Cruz Roja Bizkaia, Guillermo Vázquez, intentan «cubrir las necesidades» de sus usuarios en función de las subvenciones activas y de acuerdos con empresas. «Si una familia recibe el programa básico, no le das tarjetas Hitzartuz, o si no cumple los criterios y no puede recibirlo, pero si tiene niños, se le da material escolar, o se le entregan gafas cuando está la campaña de Afflelou... Repartimos en la medida en que podemos», explica.

Se buscan la vida porque el «necesario» apoyo económico de las instituciones, coinciden las organizaciones, se revela también en muchos casos «excluyente». Necesario porque supone un paraguas que amortigua la incidencia de la exclusión y que coloca al País Vasco como la comunidad con las tasas más bajas de pobreza. O dicho de otra forma: si no fuera por estas ayudas el impacto de la precariedad sería muy superior. Y también porque contribuyen a que estas personas salgan de las situaciones difíciles por las que están pasando. Los datos de la RGI confirman que, de momento, en muchos casos la privación material severa no es crónica.

Portavoces del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, que gestiona esta renta a través de Lanbide, ponen de relieve que, desde la entrada en vigor hace algo más de un año de la nueva ley que regula esta prestación, a nivel de Euskadi se han producido 16.251 nuevas altas en el sistema, pero en realidad hay 8.028 titulares más que entonces porque también ha habido bajas. «Esto da la idea de que se trata de un sistema vivo, en el que muchas personas entran y también salen», subrayan. Lo que asimismo reflejan esos datos es que, a día de hoy, un empleo o una pensión no garantizan cubrir los gastos básicos, porque el 45,4% de los perceptores de la RGI trabajan o cobran un subsidio.

Y volvamos más arriba, a que el sistema es excluyente. Las estimaciones del propio Gobierno vasco hablan de que casi 40.000 residentes en Euskadi tendrían derecho a la RGI y no la están percibiendo, razón por la que, entre otras medidas, están desarrollando un proyecto piloto con EAPN para ayudar a aquellos que podrían ser beneficiarios y lo desconocen accedan a la prestación. Aunque Telletxea destaca otro «grupo importante» de personas, el de quienes sin contar con «los requisitos administrativos» para optar a apoyo institucional sí cumplen el que para Cáritas es básico, el de «la necesidad».

Es ahí donde ponen el foco en la entidad diocesana. Y también es ahí donde se crean «bolsas de pobreza» más cronificadas que beben del trabajo precario, la carestía de los alimentos, el coste de los suministros y, de forma más determinante, del precio de la vivienda y del origen. «Los precios son elevados y muchas personas, sobre todo migrantes, no encuentran vivienda, o una vivienda con padrón y con contrato. Y si no lo tienen quedan fuera de muchas ayudas», explica. Por esa razón no es de extrañar, añade Alfonso López, que, «con todo lo que ha crecido este problema», entidades sociales que «antes no operaban en el ámbito de la vivienda» ahora están «comprando o alquilando» pisos para «ofrecer un techo» a sus usuarios más vulnerables.

Otra «realidad preocupante e invisible», apunta Telletxea, es «la de las familias con hijos». Sobre todo las «monomarentales, con mujeres de orígenes extranjeros pero también de aquí, que intentan optar a viviendas compartidas con unas mínimas condiciones y no pueden». Reconoce que el nuevo sistema de RGI «ha ampliado y mejorado la cobertura» para este perfil, y también los fondos europeos destinados a alimentación van en esa línea, ya que este año se dirigen a personas con menores de 14 años a su cargo.

«Es una ayuda importante, de entre 130 y 220 euros al mes, que está muy bien», sostiene Luis Crovetto, presidente del Banco de Alimentos de Bizkaia. Sin embargo, todavía «está en el aire» porque no se está terminando de articular el proceso. Y eso le «preocupa», ya que «de momento» aguantan entregando de sus fondos lotes a familias que deberían estar recibiendo las tarjetas, pero temen quedarse «con los estantes vacíos» en octubre.

En Cruz Roja Bizkaia, por ejemplo, están notando una «tendencia» en la que las familias con varios miembros están cediendo espacio entre sus usuarios a «personas solas». Lo que sí tiene claro su coordinador es que el rostro de la exclusión, entre sus usuarios, es el de una persona joven. «El 40% de quienes atendemos tienen entre 20 y 40 años y el 13% son menores», desgrana Guillermo Vázquez.

Conocer los perfiles y las diferentes necesidades permite diseñar políticas dirigidas a cubrir las principales carencias. Aunque eso también tiene un reverso, y es que, coinciden las entidades, «se ha especializado la pobreza». «Tienes bonos de luz, complementos de infancia, de alimentación... pero estas realidades son más amplias, más complejas», sostienen.

En lo que insiste López es en que «el porcentaje de personas en situación de pobreza grave, aunque sea pequeño, es muy importante; no debemos quedarnos en la satisfacción». «Hace falta -a su juicio- una revisión que nos diga dónde están las fisuras y por qué, teniendo un sistema de protección social potente, sigue habiendo pobreza».