«Nadie quiere ser jurado»

Para seleccionar al primer jurado vizcaíno, el 7 de abril de 1997, que declaró a un viudo de 44 años culpable de un homicidio en el conocido entonces como barrio chino de Bilbao, se emplearon siete horas. Desde las nueve y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde, el fiscal, la acusación particular y la defensa preguntaron a los aspirantes cuestiones clásicas como si eran partidarios de la pena de muerte o si tenían una opinión formada sobre el caso. En el último celebrado en Bizkaia, el pasado 24 de noviembre, que juzgaba el crimen de Almudena Matarranz, apenas tardaron una hora y media. En las dos décadas que han transcurrido entre uno y otro se han celebrado en la Audiencia de Bizkaia 74 juicios con jurado, la mayoría por homicidios o asesinatos (60) y 14 por otros delitos como allanamiento de morada, omisión del deber de socorro o amenazas, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Cada jurado está integrado por nueve miembros, más dos suplentes, que tras la entrega del objeto del veredicto se retiran a deliberar, por lo que 666 personas han ejercido como jurados en Bizkaia, algunos de ellos por partida doble. «Nadie quiere ser jurado», asegura José Ricardo Palacio, abogado penalista bilbaíno que ha participado en varios de estos procesos, entre ellos uno que ha marcado de forma negativa la historia de esta institución en España, junto al caso Wanninkhof, el que absolvió a Mikel Otegi del asesinato de dos ertzainas en Itsasondo. Cuando iba a repetirse el juicio, el sospechoso huyó y fue localizado años después como miembro integrado en ETA. Finalmente, fue juzgado y condenado por la Audiencia Nacional. «Todavía estará en prisión».

Palacio, autor de numerosos artículos y de un amplio y reciente informe sobre el tema en el que narra su experiencia, ha escuchado cómo algunos aspirantes ponían como excusa que «eran carniceros y no podían dejar de abrir el negocio», que «tenían clase de euskera», que «estaba sorda» sin aportar documentos médicos, o que «no entendía el castellano» cuando tenía la nacionalidad española.

«Cara y sin demanda social»

«Que de uno dependa una condena de 10 a 15 años, no es plato de gusto», opina el veterano letrado. Contrario a esta figura al menos con su actual configuración pura, integrada únicamente por ciudadanos legos, se pregunta si merece la pena «mantener una institución» que resulta «más cara y lenta que la justicia profesional, cuando encima no hay una demanda social». «Es tal la gente que propone excusas» que ya sólo se admiten las «de causa», por enfermedad o ejercer como profesor de ciencias jurídicas, porque se convertiría en el líder y marcaría la opinión del grupo. En 2013 se hicieron públicos los datos económicos del jurado en Bizkaia: cada uno de los jueces civiles costó aquel año a las arcas públicas 760 euros, entre hotel, comidas y traslados. Los tres juicios con tribunal popular que se celebraron aquel año en la Audiencia vizcaína supusieron 27.500 euros.

Pero, en opinión del letrado, «el gran problema del jurado popular es la valoración de la prueba indiciaria», como una huella, una fotografía... «La gente intenta hacerlo bien, otra cosa es que sepa, y para eso hay que ser jurista». Ricardo Palacio propone como opción un jurado mixto, que mezcle ciudadanos con magistrados. «Los jueces también se equivocan, pero menos, y en cualquier faceta de la vida yo prefiero siempre a un profesional antes que a un aficionado», sentencia.

Los jurados se han demostrado implacables. «En delitos graves son nueve hombres y mujeres sin piedad, si lo tienen claro les machacan», advierte Palacio. La inmensa mayoría de los casos, 61 de los 74, han terminado con un veredicto de culpabilidad. Sólo nueve de los acusados fueron declarados inocentes, o más correctamente, no culpables, al concurrir una eximente completa, en la mayoría de los casos por enfermedad mental, y cuatro al no quedar probado o no haber suficientes pruebas, entre ellos el crimen del Pagasarri.

El acusado fue detenido quince años después del asesinato de Néstor Gándara, perpetrado en 1996 en la subida al monte bilbaíno, gracias a la colaboración de dos exnovias, testigos protegidas, pero que no ofrecieron al jurado suficiente credibilidad. El procesado no acudió a la lectura del veredicto, en diciembre de 2013, y fue declarado en busca y captura, aunque apareció poco después. Los jurados le absolvieron al entender que no había pruebas de su participación en el homicidio y quedó exonerado de toda responsabilidad ante el disgusto de la familia de la víctima, que lamenta aún que el caso siga impune.

En estos 20 años, otros dos tribunales fueron disueltos por el magistrado, uno de ellos el del homicidio de un hombre minusválido en Bilbao, también por falta de pruebas, y otro, el del crimen de Basurto, en el que varios jóvenes estaban acusados de matar al nuevo amigo de la novia de uno de ellos. Los miembros del jurado no alcanzaron un acuerdo en sus votaciones. La ley fija una mayoría de siete votos frente a dos para condenar y mayoría simple, de cinco frente a cuatro, para absolver.

37 sentencias recurridas

La jurisprudencia demuestra, sin embargo, que los tribunales populares no se equivocan demasiado, al menos en Bizkaia. 37 de las sentencias dictadas en un caso con tribunal jurado han sido recurridas frente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de las que sólo 8 han sido parcialmente revocadas; el resto, 29, han sido confirmadas. El procentaje de juicios con jurado sobre el total no alcanza ni el 10%. En 2015, de los 77 juicios ordinarios que se celebraron en la Sección Sexta, sólo tres fueron con jurado. En Bizkaia existen tres secciones penales que celebran este tipo de procesos, según los datos facilitados por el TSJPV.