Dos de las funcionarias removidas del Juzgado de Instrucción 8 de Bilbao vuelven a sus puestos

Dos de los seis funcionarios removidas del juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao por el Departamento de Justicia en una polémica resolución basada en el riesgo para su salud, han vuelto a sus puestos, en cumpliento del auto de medidas cautelares dictado por el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 mientras se resuelve el fondo de la cuestión. Las dos empleadas, afiliadas al sindicato CC OO, llevan más de una semana en su destino anterior, mientras que dos de sus compañeras han presentado una demanda similar solicitando las mismas medidas cautelares que obligarían al departamento a devolverlas a Instrucción 8.

La dirección de Administración de Justicia del Gobierno vasco adoptó el pasado mes de febrero la solución salomónica de remover a los funcionarios para solventar un enfrentamiento personal que había derivado en problemas de atención a usuarios, abogados y profesionales. La polémica resolución se basaba en la Ley de Protección de Riesgos Laborales y argumentaba que después de poner el caso en manos de un gabinete psicológico habían sopesado que la única salida era la de sustituir a cinco funcionarios, más dos que se encontraban entonces de baja, por interinos.

El cambio de la noche a la mañana sin contar con la opinión de los propios afectados, que fueron derivados a juzgados de lo Penal de Bilbao y Barakaldo y al Tribunal Superior de Justicia, generó un alud de críticas y numerosos recursos judiciales, que aún no se han resuelto. Algunos de los funcionarios se plantean incluso la posibilidad de demandar al director de Administración de Justicia por un delito de prevaricación.