El borrador del dictamen del Parlamento constata irregularidades en el aval a Epsilon

El borrador de conclusiones de la Comisión de Investigación del Parlamento Vasco sobre las ayudas públicas otorgadas a Epsilon constata "irregularidades" en la decisión del Parque Tecnológico de Álava de avalar a esta empresa. Censura también el acuerdo previo adoptado por el Consejo Vasco de Promoción Económica de considerarlo un "proyecto estratégico".

El texto señala como responsables "políticos", en consecuencia, a los miembros del consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava que aprobaron en marzo de 2009 el aval a Epsilon para que pudiera acceder a un préstamo de 16 millones, consejo que presidía Julián Sánchez Alegría.

Sánchez Alegría se encuentra ahora imputado en el "caso De Miguel".

El documento aprecia también responsabilidades políticas en las personas que formaban parte del Consejo Vasco de Promoción que en noviembre de 2007 declararon Epsilon como proyecto estratégico y propusieron al Gobierno Vasco la concesión de una subvención de los Fondos Estratégicos. Este órgano estaba presidido entonces por la entonces consejera de Industria, Ana Agirre.

Agirre, que ocupa actualmente el cargo de viceconsejera de Justicia del Gobierno Vasco, estuvo acompañada en aquella sesión entre otros cargos por los viceconsejeros Iñaki Tellechea y Manuel Urkijo, y las diputadas forales Arantza Zenarruzabeitia y Arantza Tapia. Tapia es hoy la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco.

Ocho días para alegaciones

El presidente de la Comisión de Investigación sobre las ayudas públicas concedidas a Epsilon e Hiriko, Carmelo Barrio (PP), remitió hoy la propuesta de dictamen a los grupos parlamentarios, que tendrán de plazo hasta el próximo martes, 8 de julio, para presentar alegaciones. Este órgano parlamentario se reunirá el 10 de julio para debatir y votar el texto, y será elevado a pleno después del verano.

El borrador es crítico con algunas decisiones adoptadas por instituciones y organismos públicos, habla de "defectos e irregularidades" en algunos casos y acuerdos "sin fundamentos sólidos" en otros, y señala responsables políticos. No obstante, evita términos duros y en el caso de las responsabilidades cita a los integrantes de consejos o entidades sin precisar nombres.

Esta redacción persigue que el PSE pueda sumarse a esta propuesta aún con algunas modificaciones y disponer así de mayoría suficiente para sacarlo adelante primero en comisión y después en pleno con los votos de EH Bildu, PP y los socialistas (el PP da por hecho que el PNV rechazará el borrador). La abstención socialista permitiría también su aprobación, pero mitigaría su impacto político.

Decisión "sin fundamentos sólidos"

El borrador del dictamen sostiene que el citado Consejo Vasco de Promoción Económica, órgano interinstitucional donde participan Gobierno Vasco y Diputaciones Forales, declaró en 2007 a Epsilon Euskadi como proyecto estratégico con el asesoramiento de la Spri y la dirección de Industria del Ejecutivo de Vitoria y lo hizo "sin sólidos fundamentos industriales, comerciales y de empleo".

"Solamente expectativas e irreales objetivos empresariales, sabiendo que existía un riesgo alto de que Epsilon no lograra sus objetivos", añade el texto.

Más adelante cuestiona la legalidad de la operación de cesión de rango hipotecario y la asunción por parte del Parque Tecnológico de Álava del compromiso de acudir a la ejecución hipotecaria. Esta operación, similar en la práctica a un aval, permitió a Epsilon Euskadi recibir un préstamo de 16 millones de euros de Caja Vital y Kutxa (hoy Kutxabank).

Así, habla de la existencia de "defectos e irregularidades" que el consejo de administración del Parque de Miñano debió haber evitado "con otro tipo de actuaciones acordes con la legalidad. Nunca se habían realizado en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi operaciones de cesión de rango hipotecario como lo ratifica la documentación del Gobierno".

Una operación, subraya, que implicaba necesariamente un perjuicio para el Parque. "Si el proyecto funcionaba, porque los ingresos eran principalmente públicos, sus promotores se hacían con una empresa que estaba tasada en 22 millones de euros habiendo desembolsado 92.333 euros por el 90%. Si fracasaba, el Parque debía adquirir la deuda con las entidades financieras".

Las conclusiones del borrador sobre la empresa Hiriko, objeto también del trabajo de la comisión, son más escuetas y menos precisas. Se limitan así a confirmar que fue financiado casi en su totalidad por dinero público y que las patentes fruto de la investigación e innovación realizada con estos recursos "corre el riesgo de quedar en manos privadas".