La oferta se hunde «un 45%» en Euskadi tras la Ley de Vivienda
La Federación de Asociaciones Inmobiliarias pide medidas para frenar la retirada de casas del mercado de alquiler
Las agencias inmobiliarias llevan meses con el diagnóstico claro. Cada vez que se pronuncian, señalan a la Ley estatal de Vivienda como una de las ... principales causas de los problemas que adolece el mercado del alquiler. «Ahora mismo hay mucho miedo a la ley, asusta mucho. Hace falta dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios», afirmaba hace unos días el presidente de los agentes inmobiliarios de Álava, Ramón Saénz de Valluerca, en declaraciones a este periódico.
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Ahora quien pone de relieve este asunto no es la organización alavesa, sino la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). Según los datos recopilados por esta entidad en Euskadi, en el primer año con la ley estatal en vigor la oferta de arrendamientos cayó un 45%. En paralelo, la demanda de inquilinos en busca de un techo donde dormir creció un 28%. El desajuste supera al del conjunto de España en el último año, donde se ha hundido menos la oferta (36%) y la demanda ha aumentado algo menos (26%) que en Euskadi.
Los caseros han endurecido los requisitos para sus posibles inquilinos «ante el miedo y riesgo de impagos»
La organización reunió hace unas semanas en Pamplona a 500 profesionales del sector para abordar la crisis del alquiler y el impacto de la legislación más reciente. A nivel nacional, las inmobiliarias aseguran que tres de cada diez propietarios están endureciendo las condiciones a potenciales inquilinos «ante el miedo y riesgo de impagos». «La retirada se ha agravado desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y su consecuente temor a la declaración de zonas tensionadas y límite de precios», sostienen.
Reflexión foral
Para evitar que este problema siga al alza, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias tiene intención de presentar a los grupos políticos del Congreso de los Diputados una batería de medidas entre las que se proponen créditos 'blandos' para rehabilitar viviendas o crear, a través del ICO, avales públicos a los caseros para cubrirles en caso de impago. Esta misma idea ya está sobre la mesa de la Diputación, que pretende crear también un sistema de avales a nivel foral.
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