Zapatero y Montilla no aclaran cómo sortearán la sentencia sobre el Estatut

Era la reunión más esperada del último mes, pero apenas arrojó resultados visibles. El encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de la Generalitat, José Montilla, concluyó sin pacto concreto alguno, sin que el presidente del Gobierno aclarara cuáles son las reformas legislativas que está dispuesto a llevar a cabo para sortear el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y sin que el dirigente autonómico exigiera siquiera unos plazos mínimos para empezar desplegar «íntegramente» el marco de autogobierno catalán. «Hoy -justificó Montilla- se trataba de hacer un análisis político de la situación».

Lo cierto es que el presidente de la Generalitat sí había acudido a Moncloa con un informe de «expertos» en el que se especifica cuáles son los instrumentos a través de los cuales es posible salvar el contenido del texto refrendado por los catalanes en 2006. Pero él mismo aclaró, de forma algo misteriosa, que lo que de verdad le importaba de la cita con el jefe del Ejecutivo era algo más «intangible»: empezar a reparar los «daños morales» causados por la sentencia del Constitucional. «Rehacer afectos -alegó- requiere gestos políticos; no me pidan que concrete cuáles porque eso es algo que acaso habrá de hacerse en los próximos meses».

Fue como si la música fuera por un lado y la letra por otra. Porque Montilla aprovechó la ocasión para proclamar desde La Moncloa que Cataluña es una nación; reclamó que se haga uso del artículo 150.2 de la Constitución -que contempla la cesión de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas vía ley orgánica- e incluso afirmó que no descarta reformas profundas de la arquitectura institucional, «cuando sea posible», para abrir paso a un Estado federal. Pero en realidad, volvió a Barcelona como había llegado.

Límites

No sólo Zapatero no concretó qué reformas legales está dispuesto a emprender -al margen de la de la ley orgánica del Poder Judicial, que ya había sido anunciada- sino que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, cerró la puerta al uso del 150.2 de la Constitución. Un artículo, por otro lado, polémico y muy discutido. Desde José María Aznar hasta Alfonso Guerra han sido varios los dirigentes políticos que en los últimos años se han pronunciado a favor de su derogación al entender que mantiene permanentemente abierto el proceso constituyente y que puede ser utilizado de manera perversa para vaciar de contenido las competencias estatales o incluso acometer una reforma encubierta de la Carta Magna.

Aún así, el presidente de la Generalitat dijo sentirse «razonablemente satisfecho». «Quería ver si compartíamos la magnitud del problema y que éste no es sólo de Cataluña sino también de España y he encontrado al presidente del Gobierno perfectamente consciente de la situación», dijo. En una línea similar, desde Presidencia se alega que Montilla puede trasladar ahora a los ciudadanos catalanes que ha sido «acogido, respetado y entendido». Poco más.

Hasta el otoño, en plena efervescencia electoral, el Gobierno no tiene pensado establecer («de manera conjunta», matizó Fernández de la Vega) un catálogo con las normas que serán sometidas a modificación para compensar los recortes del Constitucional. «Hoy -justificó la vicepresidenta- no se ha abordado este tema; todos somos conscientes de que hay que hacer un análisis profundo».

Ahora bien, de entrada ya puso matices al desarrollo «íntegro» del Estatut del que habló Montilla. La número dos del Gobierno lo dejó en que es posible desarrollar «prácticamente todo» a través de la bilateralidad, de la puesta en marcha de una serie de competencias que ahora han sido avaladas por el Constitucional y de la voluntad política. «Hay muchas herramientas y hay que ver cuál es la adecuada para no ir más allá de las líneas que nos ha marcado el Tribunal Constitucional».