El Parlamento vasco pide investigar hasta el final los casos de torturas

El Parlamento vasco reclama a fiscales y jueces que "extremen el celo" y que investiguen hasta el final las denuncias de torturas interpuestas en sede judicial y basadas en indicios racionales a pesar de reconocer que ETA puede utilizar esta posibilidad de forma "espuria". La resolución reconoce que la práctica de la tortura no es sistemática, pero ello no resta gravedad a los casos que puedan producir.

La novedad reside sobre todo el grado de consenso logrado. Y es que si durante muchas legislaturas los textos aprobados sobre la tortura y los malos tratos recibían únicamente el apoyo en bloque de nacionalistas o no nacionalistas, la iniciativa de hoy es resultado de un amplio acuerdo entre PNV, PSE, Aralar, EB y UPD. De hecho, el panel electrónico del salón de plenos no ha registrado ningún voto en contra, ya que los parlamentarios de PP y EA han optado por la abstención.

Los portavoces de los grupos firmantes del acuerdo han coincidido en destacar el amplio consenso alcanzado y algunos como PNV han llegado incluso a considerar que supone un paso importante hacia "la normalización política y la paz definitiva. Es un punto de partida para seguir avanzando, un acuerdo muy importante nunca antes logrado y un síntoma más de que avanzamos hacia la normalización política". "Acuerdos como estos nos acercan un poco más a la paz definitiva", ha afirmado el parlamentario del PNV Mikel Martínez.

Los socialistas han valorado también el amplio consenso y han sostenido que pese a las órdenes de ETA a sus militantes de "denunciar de forma sistemática falsas torturas" resulta necesario que jueces y fiscales investiguen las denuncias cuando haya indicios racionales. Y han indicado que la resolución aprobada refuerza el Estado de Derecho y con ello refuerza "la lucha contra el terrorismo".

Debate sobre la incomunicación

Para Aralar sería necesario poner fin al régimen de incomunicación para impedir de forma efectiva la práctica de la tortura, aunque ve el acuerdo logrado hoy como "un gran paso de cara al futuro". Y es que, según ha señalado, pedir al Ministerio Fiscal que investigue las denuncias de torturas y malos tratos hasta el final supone un "avance" que no se había conseguido hasta ahora.

PP y EA se han abstenido. Los populares han afirmado que las medidas que plantea la resolución "ya se hacen" y ha justificado su abstención con el argumento de que "tras un lenguaje políticamente correcto ponen encima de la mesa la supresión del régimen de incomunicación, un elemento clave para la lucha contra el terrorismo para evitar la destrucción de pruebas y la huida de cómplices".

Por su parte, desde EA, el parlamentario Juanjo Agirrezabala ha explicado que su abstención por lo contrario que lo esgrimido por el PP. Y es que, en su opinión, la resolución deja fuera la "raíz" del problema de las torturas, es decir, el régimen de incomunicación.

El texto aprobado consta de cinco puntos. El Parlamento vasco reitera en el primero su rechazo más rotundo a la utilización de la tortura, los malos tratos y la vejación a personas detenidas, y se compromete a impulsar de forma activa "medidas de prevención y refuerzo del sistema de garantía de derechos" sobre todo en aquellos arrestados en los que se aplique el régimen de incomunicación.

La resolución reconoce que la práctica de la tortura por parte de las fuerzas policiales no es sistemática, pero ello no resta gravedad a los casos que puedan darse. "El objetivo de todas las instituciones tiene que ser el de prevenirlas y, además, el de investigar las denuncias que sobre indicios racionales se presenten, con prontitud, en sede judicial", sostiene el punto segundo.

Más adelante la Cámara de Vitoria insta al Departamento de Interior a "estudiar y seguir incorporando en su caso" a sus protocolos medidas de prevención, refuerzo y mejora en la materia sugeridas por organismos internacionales de derechos humanos y el Ararteko, y termina con un llamamiento a jueces y fiscales para que "extremen el celo para investigar hasta el final las denuncias de presuntas torturas y malos tratos".

Precisa que esta investigación "hasta el final" debe tener lugar cuando las denuncias se presenten en sede judicial sobre indicios racionales y "a pesar de quien haya quien las utilice de forma espuria".