El Ayuntamiento de Bilbao inspeccionará las casas de usuarios de ayuda social para atajar los «abusos»

El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido reforzar el control del gasto social con el objetivo de erradicar los «abusos» detectados entre los perceptores y de inspeccionar con mayor rigor el destino de las prestaciones. El concejal de Acción Social, Ricardo Barkala, anuncia tres nuevas líneas de actuación para garantizar el buen uso de estos fondos, sin perjudicar a quien los necesite de verdad: seguimiento a los usuarios de renta básica para verificar su esfuerzo por integrarse en el mercado laboral; inspecciones 'in situ' en las casas de quienes reciben las ayudas de emergencia para confirmar que el dinero se ha empleado en el fin para el que fue solicitado; y apertura de una línea informática que permite cotejar los datos patrimoniales de los beneficiarios con el resto de administraciones del Estado. Esta batería de medidas, que exigirá la contratación de más trabajadores en los servicios sociales de base, entrará en vigor de forma progresiva desde el próximo mes de enero. En todos los casos, el Consistorio advierte de que las infracciones comprobadas serán sancionadas con la suspensión de las ayudas.

Las prestaciones económicas concedidas por la Administración pública a las personas con escasos recursos constituyen el grueso de las políticas sociales y se han convertido, además, en uno de los capítulos más sensibles entre la opinión pública. En un momento de fuerte crecimiento de la población de usuarios, alimentado por el fenómeno de la inmigración, las instituciones se han visto en la obligación de aumentar sus presupuestos, pero también de velar por un reparto equilibrado de los mismos con el fin de evitar injusticias.

En este terreno tan delicado, las inspecciones realizadas por diferentes entidades han detectado un incremento del fraude. El Gobierno vasco estima que las irregularidades pueden afectar a un 8% de los casos, mientras que la Diputación, a través de las revisiones ordinarias que hace al año, detectó anomalías en casi un 30% de las 4.235 rentas básicas analizadas de forma aleatoria durante 2006.

En un reciente encuentro con lectores de EL CORREO, el alcalde, Iñaki Azkuna, advirtió del alcance de las infracciones y de la necesidad de atajarlas con una declaración que no deja lugar a la duda: «En las ayudas hay mucha corrupción a todos los niveles, y con eso me estoy refiriendo a los abusos cometidos por quienes las cobran, sean inmigrantes o nativos. Las instituciones han controlado muy poco el reparto».

Desde primeros de año, el Ayuntamiento extremará el celo en el gasto social, sin descuidar que el objetivo prioritario es mantener la «solidaridad». «Se trata de ayudar a quien realmente lo necesita», aclara el delegado de Acción Social, Ricardo Barkala. Tres serán los nuevos controles.

AYUDAS DE EMERGENCIA

8.000 perceptores y 11 millones

Estas ayudas, que cubren necesidades concretas y coyunturales, llegan en Bilbao a 8.000 personas, por un valor conjunto de 11 millones de euros -de media, 1.375 euros por persona al año-. Para llevar a cabo las inspecciones, las trabajadoras de los servicios sociales de base saldrán más del despacho para trabajar a pie de calle, algo que a buen seguro prefieren pues esa es su vocación, explica Barkala. Además, apunta, en la actualidad estaban saturadas de trámites burocráticos por «el aluvión de solicitudes» que reciben.

Los controles llevarán a los expertos hasta la misma casa del perceptor para confirmar que todo está en orden: que no hay facturas falsas, que el dinero se ha empleado en la compra del electrodoméstico solicitado, entre otras cosas. «El contacto con los hogares será nuestra herramienta de trabajo para examinar la situación». Para cubrir con garantías las inspecciones será necesario contratar a una trabajadora más en cada uno de los once servicios sociales de base, cuya plantilla es de 50 empleados -también se reforzarán las tareas administrativas-.

RENTA BÁSICA

20.000 beneficiados

En Bilbao, 20.000 personas se benefician de la renta básica, concedida de forma individual o a familias en función del número de miembros -585 euros al mes cuando es para una sola persona-. El Ayuntamiento someterá a un control más continuado el uso de estos fondos en un grupo muy concreto de perceptores. Según sus estimaciones, hay un 10% de usuarios «reinsertables», en edad y capacitados para trabajar, sobre los que aplicará un convenio de inserción.

En la práctica supondrá poner en marcha una especie de «oficina de control e inspección» para verificar si siguen los cursos de formación, si se presentan a los puestos de empleo ofrecidos o, por ejemplo, si atienden a sus niños correctamente. Algunos infractores, según la experiencia municipal, suelen descolgarse de la renta básica «cuando se les aprieta un poco». En otras ocasiones no hace falta pedirles cuentas porque el principal interesado en prosperar es el propio usuario.

La cifra de rentas básicas en Bilbao se ha duplicado desde 2001, al pasar de 5.000 a las 12.000 actuales. El Ayuntamiento sospecha que hay infracciones en la mitad de las rentas de tres barrios -Bilbao la Vieja, Rekalde y Otxarkoaga-; en total, en 2.000. No sólo quiere combatir el fraude, sino que pretende empujar al perceptor que pueda a trabajar o a formarse para acceder al mercado laboral; a 'reinsertarle' en definitiva.

MEJORA INFORMÁTICA

Cotejo del patrimonio

Una de las primeras tareas en Acción Social será la mejora de la gestión de los medios informáticos. Este instrumento será muy importante para confirmar que el perceptor de ayudas sociales realmente lo merece. Gracias a la colaboración con el resto de administraciones del Estado, el Ayuntamiento podrá cruzar los datos patrimoniales del usuario para ver si su nivel de ingresos se corresponde con el declarado para pedir la ayuda.

Un técnico se ocupará del cotejo de datos en las terminales informáticas del Consistorio bilbaíno. «Antes mirabas sólo Vizcaya e igual el perceptor tenía un piso en Castro», explica Barkala como ejemplo.