Los tres juicios de la 'bruja' Paula de Eguiluz

Si Paula de Eguiluz no hubiera sido juzgada por la Inquisición en Cartagena de Indias (hoy Colombia), nadie la recordaría. La acusación de que practicaba la brujería hizo que pasara a la historia el nombre de esta mujer afrocaribeña, que vivió en el siglo XVII y, como esclava, tuvo tres propietarios vascos. Casi todo lo que sabemos de ella es la copia de las actas de los tres procesos que sufrió.

En la página uno se puede leer «Primera causa de Paula de Eguiluz, negra horra reconciliada por bruja».El término 'horra' significa liberta, esclava a la que se ha dado la libertad; 'reconciliada', que ha sido readmitida en el seno de la Iglesia tras recibir su castigo. En sus declaraciones ante el tribunal, la propia Paula de Eguiluz cuenta que nació esclava en Santo Domingo, en la Española (hoy en República Dominicana). Sus padres eran africanos, un liberto llamado Cristóbal y una esclava de origen bantú de nombre Guiomar. Ambos habían nacido «gentiles» pero fueron bautizados, como ella misma, «por la gracia de Dios». La condición de esclavitud se heredaba por línea materna, así que Paula nació siendo la pertenencia de alguien.

Tuvo tres propietarios. Los tres eran vascos: Diego de Leguizamón, letrado de la Audiencia de Santo Domingo; el vizcaíno Iñigo de Otazu, depositario general de Puerto Rico; y el contador Juan de Eguiluz, administrador de las minas de cobre de El Prado, en Cuba.

Con el primero y uno de sus sobrinos vivió hasta los 16 años y recibió cierta educación en un convento de clarisas. Fue vendida para saldar una deuda a su segundo amo, Iñigo de Otazu, al que perteneció durante seis años. Pero cuando este se casó, su esposa, Isabel de Ribera, le exigió deshacerse de la esclava «porque supo trataba deshonestamente con ella». Trasladada a La Habana, la compró Juan de Eguiluz, con quien tuvo un hijo, Nicolás.Eguiluz le acabaría dando la libertad y el apellido cuando decidió regresar a España tras fracasar en la gestión de las minas.

Paula era curandera. Según la historiadora colombiana María Cristina Navarrete, «sabía curar enfermedades orgánicas y calmaba angustias y ansiedades del alma», además de hacer «las veces de mediadora entre los grupos sociales». Había aprendido sus saberes de otras esclavas de origen africano y alcanzó cierto prestigio. Pero, además, su dueño la trataba como su pareja y no como su esclava:Paula vestía con cierto lujo, se movía con libertad, no iba a misa y se comportaba como una señora. Esto le granjeó muchas enemistades.

Fue denunciada a la Inquisición, acusada de matar a una recién nacida, y trasladada a Cartagena, donde se encontraba el tribunal del Santo Oficio desde 1610. En el primer proceso, en 1624, Su declaración muestra que adaptó su testimonio a lo que los inquisidores buscaban:admitió que era una bruja. El juicio acabó en condena: 200 latigazos, vestir el sambenito en un auto de fe y servir en un hospital durante dos años. Allí se emparejó con un religioso, fray Juan de Mendoza, con el que tuvo una hija, Juana María.

Cumplido el castigo, se estableció en la misma Cartagena, donde reanudó su actividad de curandera pero también de hechicera, especializada en embrujos de amor, con una clientela llamativamente selecta. Esta reincidencia, la rivalidad de un cirujano y el descontento de una clienta, hicieron que volviera a caer en manos de la Inquisición. En su segundo proceso, Paula reconoció ser culpable de brujería confesando todo lo que los inquisidores querían oír:tenía una cuadrilla de brujas que adoraban al demonio, con el que había hecho un pacto, etc. etc. Hasta tenía su propio diablillo doméstico, que respondía al nombre de Mantelillos.

Los inquisidores la encontraron culpable y la condenaron a muerte. Pero sus superiores, desde España, ordenaron repetir el proceso. Tras el auto de fe de Logroño (1610), el de las brujas de Zugarramurdi, la Suprema había decidido que los casos de brujería se tratarían con escepticismo y menos rigor a la hora de los castigos. De nuevo fue hallada culpable, pero la condena fue de prisión a perpetuidad. El fallo fue leído, en presencia de la penada, en el auto de fe del 25 de marzo de 1638 y, según recoge una relación del acontecimiento, ante un público expectante: «No se acabó de leer su causa porque no se oía con el grande murmullo de la gente». No se sabe mucho más de Paula de Eguiluz, pero, como denunció por carta fray Pedro Medina Rico al Consejo de la Suprema, se las arregló para hacer llevadero su cautiverio, apañándose algo parecido al actual tercer grado y atendiendo a sus clientes desde la cárcel.

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